
Once militares fueron condenados este lunes a más de 34 años de prisión por su participación en la desaparición forzada y muerte de cuatro menores de edad en Guayaquil. El fallo fue emitido por el Tribunal de Garantías Penales de esa ciudad, que concluyó que los adolescentes, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos arbitrariamente el 8 de diciembre de 2024 por personal del Ejército y luego hallados sin vida en una zona rural del cantón Naranjal.
La Fiscalía General del Estado determinó que las víctimas fueron interceptadas cuando salían a jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, al sur de Guayaquil. De acuerdo con la investigación, fueron agredidas y abandonadas en un sector de alta peligrosidad. Cinco militares que colaboraron con el proceso recibieron penas atenuadas, mientras que uno fue absuelto por falta de elementos concluyentes.
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El Ministerio de Defensa Nacional difundió un comunicado institucional luego de la sentencia emitida en el caso Las Malvinas. En el documento, aseguró que las Fuerzas Armadas colaboraron con el proceso judicial desde su inicio, entregando documentación e información requerida por las autoridades competentes. “Las Fuerzas Armadas del Ecuador han actuado con apego a la ley y a sus valores institucionales para que la verdad prevalezca”, señaló la cartera de Estado.
En la resolución judicial también se establecieron medidas de reparación simbólica a cargo de la institución militar. Entre ellas, se ordenó la organización de una ceremonia oficial en la Base Aérea de Taura, junto con la instalación de una placa conmemorativa con los nombres de las víctimas, como reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado. El Ministerio concluyó su pronunciamiento reafirmando su respeto a la sentencia.
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Tras conocerse la sentencia, la defensa de los militares condenados informó que presentará una apelación. El recurso se centrará en cuestionar la valoración de pruebas y en solicitar una revisión de las penas impuestas. Además, los abogados de las familias de las víctimas anunciaron que estudian impugnar la absolución de un teniente coronel, quien fue investigado como presunto cómplice y finalmente liberado de responsabilidad penal.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo registró 41 casos de desaparición forzada con características similares en el país. Estas denuncias han sido documentadas entre 2023 y 2025, principalmente en zonas con fuerte presencia militar o bajo estados de excepción. La institución ha señalado que dará seguimiento a estas causas y solicitará medidas de protección en los casos que lo requieran.

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