
La interceptación de una embarcación petrolera con destino a Pekín frente a las costas de Venezuela abrió una nueva controversia diplomática entre Estados Unidos y China, con Caracas como eje de una disputa que combina sanciones, derecho marítimo y geopolítica energética. Una acción ejecutada por la Guardia Costera estadounidense generó la reacción inmediata del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.
En respuesta, el portavoz ministerial, Lin Jian, acusó al gobierno de Donald Trump de “confiscar arbitrariamente buques de otros países” y de “violar gravemente el derecho internacional”. Según Beijing, estas acciones se apoyan en sanciones unilaterales que “no tienen base en el derecho internacional ni autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. Desde la perspectiva china, la falta de respaldo multilateral debilita la legitimidad de la incautación del petrolero y cuestiona su validez jurídica en el marco del derecho internacional.
Además, China considera que se trata de una intromisión unilateral en la soberanía venezolana y una violación de normas sobre libertad de navegación y comercio. Según Beijing, Washington no tiene autoridad para detener embarcaciones que transportan bienes lícitos, especialmente cuando cumplen acuerdos financieros o comerciales entre China y Venezuela, como los pagos de deuda en petróleo.
Lin Jian también defendió la soberanía de Venezuela y afirmó que “Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”. Este argumento se conecta con normas internacionales sobre libertad de navegación y jurisdicción del Estado, que protegen a los buques en alta mar de interferencias unilaterales de terceros estados, salvo excepciones previstas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).
Asimismo, amplió su crítica al señalar que China rechaza cualquier acción que afecte principios básicos del sistema internacional. “Nos oponemos a cualquier acción que viole los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas e infrinja la soberanía y la seguridad de otros países y a todos los actos de unilateralismo e intimidación”, declaró.
El régimen de Xi Jinping utiliza esta referencia para subrayar que, según el artículo 33 de la Carta de la ONU, las disputas internacionales deben resolverse por medios pacíficos y multilaterales, un principio que la internacionalista Camila Bendezú también destaca al señalar que la ONU ha llamado a Estados Unidos a respetar el arreglo pacífico de controversias con Venezuela, en una entrevista para La República.
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El buque interceptado fue identificado como Centuries. De acuerdo con documentos de embarque revisados tras la operación, el petrolero había cargado cerca de 1,8 millones de barriles de crudo Merey en Venezuela antes de iniciar su travesía a Asia. Según esos registros, el buque operó bajo el nombre falso de Crag al momento de cargar el petróleo, una práctica que, según Washington, busca ocultar el origen del cargamento y eludir controles asociados al régimen de sanciones. El destino final del embarque era China, actualmente el principal comprador del crudo venezolano.
Según la información divulgada por la Guardia Costera, este tipo de operaciones suele apoyarse en esquemas diseñados para dificultar la trazabilidad de los buques. El uso de identidades alternas en los documentos de carga se combina con la participación de empresas intermediarias que adquieren el crudo a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y lo revenden a refinerías independientes en Asia. En el caso del Centuries, el cargamento fue adquirido por Satau Tijana Oil Trading, una firma que actúa como intermediaria en la comercialización de petróleo venezolano en mercados afectados por sanciones.
Desde Washington, la Casa Blanca defendió la interceptación al señalar que el Centuries formaba parte de la denominada “flota paralela” o “flota fantasma” venezolana, integrada por buques que, según esa versión, operan con nombres, banderas o documentación alterada para evadir controles. Funcionarios estadounidenses sostuvieron que el petrolero transportaba petróleo sancionado y utilizaba una identidad falsa, lo que justificaría su incautación.
Sin embargo, para el internacionalista venezolano Froilán Barrios, en conversación con La República, el debate no puede reducirse a una confrontación entre sanciones y soberanía, sino que debe analizarse a la luz del propio marco normativo creado por los Estados Unidos. Barrios subraya que, “las sanciones impuestas por Washington no constituyen una prohibición absoluta sobre el comercio de petróleo venezolano, sino un sistema selectivo basado en listados específicos y licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro”.
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Según explica, desde el gobierno de Joe Biden, tras la ruptura de relaciones con Venezuela, se consolidó una política de otorgamiento de licencias a determinadas empresas, tanto europeas como estadounidenses, para operar en el sector petrolero venezolano. Estas autorizaciones permitían la extracción, el transporte y la comercialización de crudo venezolano bajo condiciones específicas. En ese esquema, señala Barrios, se sancionaba únicamente a quienes estaban expresamente incluidos en los listados, mientras que otras operaciones quedaban habilitadas de manera legal.
Barrios destaca que este sistema implica una distinción fundamental: no todo petróleo venezolano es automáticamente ilegal, ni toda embarcación que lo transporta incurre en una infracción. La legalidad de cada operación depende de si la empresa, el buque o la transacción cuentan con una licencia válida. Por ello, advierte que la incautación de embarcaciones que no figuran explícitamente en los listados de sanciones plantea interrogantes jurídicos relevantes.
Con la llegada de Donald Trump, añade Barrios, se produjo una revisión de ese régimen de licencias y un endurecimiento del discurso político, pero no una ruptura total del esquema. Prueba de ello, sostiene, es que la petrolera Chevron mantuvo su autorización para operar en Venezuela. Actualmente, la empresa extrae más de 200.000 barriles diarios que se comercializan legalmente entre Venezuela y Estados Unidos, con autorización del gobierno estadounidense y con el acuerdo del gobierno venezolano.
Desde su óptica, China estableció con Caracas un convenio de largo plazo para pagar deuda mediante petróleo, derivado en entregas a precios significativamente inferiores a los del mercado. Barrios señala que el crudo venezolano se vende “hasta $10 por debajo del precio internacional” para saldar una deuda que supera los US$50.000 millones, sin beneficios tangibles para la población.
A su juicio, este mecanismo constituye “una violación de la soberanía”, al comprometer recursos estratégicos durante décadas en condiciones desfavorables, mientras que la incautación puntual de buques como el Centuries representa un impacto menor en comparación. En ese sentido, sostiene que China se beneficia de la crisis económica venezolana y de la debilidad institucional del Estado para asegurarse petróleo barato a largo plazo.
Bendezú añade que la postura de China se inscribe en una línea coherente de política exterior y diplomacia, no únicamente en un conflicto puntual con la administración Trump: “China siempre se va a oponer a sanciones unilaterales y exige respeto a los principios de independencia y autodeterminación.
Esta no es solo una queja momentánea: refleja intereses estratégicos y un posicionamiento en la rivalidad global con Estados Unidos, incluida la competencia tecnológica y económica”. Según la especialista, la relevancia de la condena china también radica en su peso internacional: “Si otro país menor de la región hiciera la misma observación, no tendría la repercusión que genera China, que aparece de inmediato en medios de todo el mundo”.

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