Estados Unidos continúa persecución para interceptar un tercer barco petrolero frente a las costas de Venezuela

Estados Unidos intensificó su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro tras detectar a última hora del sábado un petrolero que navegaba sin bandera y sin carga en aguas internacionales frente a Venezuela, con la intención de abastecerse de crudo. De acuerdo con The New York Times, la Guardia Costera identificó que la nave figuraba en la lista de embarcaciones sancionadas por Washington por presuntos vínculos con Irán, solicitó una orden judicial para abordarla y, al no acatar las instrucciones, inició una persecución que continuaba en el mar Caribe.

El episodio se sumó a otro incidente registrado el sábado por la mañana y forma parte de una ofensiva iniciada el 10 de diciembre, cuando Estados Unidos confiscó el petrolero Skipper. Esta secuencia de operativos marca una nueva fase en la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump para endurecer el cerco marítimo contra el chavismo, mediante interdicciones en rutas consideradas clave para el comercio.

Según Reuters y Bloomberg, el buque perseguido es el Bella 1, con bandera panameña y sancionado desde 2024 por la OFAC. Construido en 2002 y propiedad de Louis Marine Shipholding Enterprises, el Departamento del Tesoro lo vincula a operaciones de transporte ilícito de petróleo destinadas —según Washington— a financiar actividades relacionadas con Irán y grupos armados en Yemen, en un contexto de creciente confrontación marítima frente a las costas venezolanas.

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Parte del “bloqueo” total a los petroleros

Trump anunció la semana pasada un “bloqueo” total a los petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela, en una nueva fase de presión directa contra Maduro. La medida se suma al refuerzo de la presencia militar estadounidense en la región y a una ofensiva marítima que ha incluido más de dos decenas de ataques contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, con un saldo de al menos 100 fallecidos.

Desde la Casa Blanca, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, sostuvo que los dos primeros buques incautados operaban fuera de los circuitos legales y abastecían de crudo a países bajo sanciones internacionales. Según Washington, estas acciones buscan cortar flujos financieros ilícitos y reforzar el control sobre rutas energéticas consideradas clave para la seguridad regional.

Las justificaciones de Estados Unidos

El nuevo ataque llega después que Estados Unidos defendió la legalidad del abordaje al petrolero Centuries interceptado el sábado en aguas próximas a Venezuela, al sostener que la operación buscó cortar fuentes de financiamiento el régimen chavista.

La portavoz adjunta Anna Kelly señaló en X que la nave transportaba petróleo de PDVSA y operaba bajo una “falsa bandera” como parte de una red utilizada —según Washington— para movilizar crudo restringido. Sus declaraciones respondieron a informes de The New York Times y The Washington Post, que pusieron en duda el sustento jurídico del operativo y vincularon al buque con una empresa china dedicada al traslado de petróleo hacia refinerías asiáticas.

De acuerdo con The Washington Post, las fuerzas estadounidenses actuaron amparadas en el “derecho de visita”, una norma del derecho marítimo internacional que permite inspecciones ante sospechas de actividades ilícitas, incluso sin orden judicial. Funcionarios citados por Reuters indicaron que el abordaje al Centuries forma parte de una política de presión más amplia.