
La Fiscalía General de Honduras ordenó este lunes la detención internacional del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), indultado recientemente en Estados Unidos por el mandatario Donald Trump. "Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país", dijo el fiscal general Johel Antonio Zelaya a través de su cuenta de X, según The New York Times.
El anuncio se produce en medio de un clima político tenso: Honduras aún espera los resultados oficiales de las recientes elecciones presidenciales, realizadas el pasado 30 de noviembre de 2025. La reactivación de un caso judicial de alto perfil añade incertidumbre en un momento decisivo para el futuro del país.
La orden responde a cargos de lavado de activos y fraude, relacionados con lo que se conoce como el 'Caso Pandora II'. Según la Fiscalía, esta causa investiga una red de corrupción que operó entre 2010 y 2013: fondos públicos fueron desviados a fundaciones privadas, luego canalizados hacia campañas políticas, incluida la de Hernández en 2013.
El fiscal Zelaya señaló que la orden de captura data de 2023, pero su ejecución quedó pendiente debido a que Hernández permanecía bajo custodia en Estados Unidos. La liberación otorgada por el indulto de Trump activó la cláusula que obliga a hacer efectiva la detención. “Honduras ha sido lacerada por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país”, escribió Zelaya en su publicación.
Con esta orden, las autoridades buscan asegurar que Hernández responda ante la justicia hondureña por supuesta malversación de fondos públicos, fraude y lavado de dinero. Si es detenido, podría enfrentar nuevos cargos vinculados a la administración pública y a la economía estatal. Así informó El Imparcial.
El indulto concedido por Donald Trump el 1 de diciembre dejó sin efecto la condena de 45 años que Hernández cumplía en una cárcel federal de Estados Unidos por delitos de narcotráfico. De acuerdo a Reuters y El País, este perdón permitió su liberación inmediata, pese a haber sido declarado culpable en 2024 por conspirar para importar cocaína y poseer armas de guerra.
Con ello, desaparecieron las consecuencias penales en territorio estadounidense: ya no existe una condena en vigor, ni supervisión, ni custodia relacionadas con ese fallo. Sin embargo, -y esto es clave- el indulto solo se aplica dentro del sistema judicial de EE.UU.: los procesos abiertos en Honduras no fueron anulados, lo que permite que la Fiscalía nacional reactive las causas pendientes.
Según The Washington Post, tras dejar la presidencia en 2022, Hernández fue detenido en Honduras y extraditado a Estados Unidos, donde un tribunal federal lo encontró culpable de encabezar una red de narcotráfico que envió más de 400 toneladas de cocaína hacia EE. UU., además de aceptar sobornos de narcotraficantes para proteger sus operaciones.
Tras su condena en 2024, Hernández cumplía en la prisión de seguridad máxima de Hazelton, en Virginia Occidental. Su indulto y posterior liberación —hora tras ser indultado— generaron una fuerte conmoción internacional y un debate sobre el papel del sistema judicial y la política en casos de alta corrupción.
Su paradero actual no ha sido divulgado públicamente. Fuentes allegadas indican que se encuentra en un “lugar seguro” en Estados Unidos, con protección brindada tras su liberación, aunque sin precisar datos concretos. Su esposa confirmó que no regresará inmediatamente a Honduras por razones de seguridad.
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La decisión de emitir la orden de captura internacional coincide con un momento de alta sensibilidad electoral en Honduras. El país celebró elecciones presidenciales el 30 de noviembre, cuyos resultados aún no se han oficializado. La demora en el escrutinio, sumada a denuncias de irregularidades, generaron gran incertidumbre.
El candidato del conservador Partido Nacional de Honduras -respaldado públicamente por Trump y cercano políticamente a Hernández- mantiene una leve ventaja, lo que en un contexto de alta polarización ha generado críticas sobre la intromisión exterior en los procesos electorales. Muchos analistas apuntan que el indulto y la orden de captura podrían alterar el clima político del país y afectar la legitimidad del escrutinio.
Mientras tanto, la reapertura del caso judicial contra Hernández ha reactivado debates sobre impunidad, corrupción y transparencia en Honduras. La tensión se incrementa justo cuando los hondureños esperan definiciones sobre quién gobernará el país en los próximos años.

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