El dueño del Miss Universo y su nexo con el Cártel de Sinaloa: así operaba la red de narcotráfico que lideraba entre México y Guatemala

"¡The new Miss Universe is Mexico!": así fue como empezó la pesadilla para Raúl Rocha, presidente de Miss Universo. El descontento por los resultados, acusaciones de fraude por parte de exjurados, renuncia de misses y vínculo de Rocha con Pemex, donde trabajaba el padre de la ganadora Fátima Bosch, permitieron la revelación de los secretos del mexicano. De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), el mexicano sería un presunto operador financiero de una red dedicada al contrabando de combustible, al tráfico de armas y al lavado de dinero con ramificaciones en Guatemala, Estados Unidos y varios estados del país.

La trama que lo involucra conecta el glamour de Miss Universo con estructuras del crimen organizado: empresas de seguridad privada usadas como fachada, gasolineras que habrían recibido combustible ilícito, vínculos con cárteles como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y la presunta participación de funcionarios corruptos de la FGR y del Ejército. De acuerdo con investigaciones periodísticas y documentos judiciales, citadas por El País, Rocha habría inyectado capital a una organización dirigida por el político Jacobo Reyes León, 'El Yaicob', que combinaba negocios formales con contrabando de huachicol, venta de armas y despojo de inmuebles.

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Miembros de la presunta organización criminal

Según Reforma y El País México, la red que hoy tiene en la mira a Rocha está descrita en expedientes de la FGR como una estructura empresarial–criminal con mandos claramente diferenciados: un núcleo político y logístico encabezado por Jacobo Reyes León, un brazo financiero donde aparece el dueño de Miss Universo y un entramado de operadores encargados del huachicol, las armas, las factureras y el despojo de propiedades.

• Raúl Rocha Cantú: empresario energético y de casinos, copropietario de Miss Universo. Es señalado como "uno de los principales socios de Jacobo Reyes" en la compraventa de hidrocarburo robado, a través de gasolineras y empresas del sector energético que habrían servido para colocar el combustible ilegal en el mercado.
• Jacobo Reyes León ('El Yaicob' / 'El Licenciado'): exdirector de Seguridad Ciudadana en Acolman y excandidato del PRD a alcalde. Es identificado como líder operativo de la conspiración, con comunicación directa con todos los integrantes, encargado de coordinar tráfico y venta de armamento, huachicol y de gestionar protección dentro de la FGR mediante sobornos a una fiscal especializada.
• Jorge Enrique Alberts Ponce ('Yoryi'): socio de empresas de seguridad privada. Se le atribuye coordinar la importación ilícita de combustible desde Guatemala, la compra de armas y su manipulación para venderlas a grupos criminales, así como un esquema de despojo de inmuebles con el que habría acumulado propiedades valuadas en unos 160 millones de pesos.
• Daniel Roldán Morales ('El Inge'): ingeniero mecánico y jefe de la sección de huachicol. Viaja a Guatemala para negociar el combustible, administra predios de almacenamiento en Querétaro (como “La Espuela” y “El Patio”) y coordina la venta del hidrocarburo y de armas en esa entidad, fungiendo como jefe de logística.
• Sergio Hurtado Perea (“Ingeniero Hurtado”): dueño de Ferropolymers, fachada legal del predio “La Espuela” en Querétaro. Aporta infraestructura para almacenar, mezclar y distribuir combustible y, según la acusación, se reúne con los líderes para hacer cuentas y planear los despachos.
• Elizabeth Muzquiz Pineda ('La Licenciada'): representante legal de Ferropolymers. Se encarga de la logística, contabilidad y facturación del combustible almacenado, usando empresas factureras como PTYH, Mada Energy, GN OIL o GMR Energéticos para dar apariencia de legalidad a las operaciones.
• Sergio Abraham Lara: operador de “Yoryi”. Ejecuta el despojo de inmuebles: ocupa casas deshabitadas, regulariza papeles mediante sobornos y luego utiliza esos bienes como garantía para préstamos millonarios, además de manejar esquemas de venta de drogas y armas en Ciudad de México ligados a La Unión Tepito.
• Mari Carmen Ramírez Rodríguez (“La Fiscal”): servidora pública adscrita a una fiscalía especializada en hidrocarburos. Es acusada de recibir dinero de Reyes a cambio de filtrar información, frenar investigaciones y alertar sobre denuncias contra los integrantes de la red.

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¿Cómo operaba la presunta red criminal de Rocha y el 'El Yaicob'?

La FGR describe una organización con tres ejes principales: contrabando de combustible, tráfico de armas y lavado de activos mediante empresas de seguridad y factureras. Jacobo Reyes coordinaba las operaciones desde la Ciudad de México y el Estado de México, mientras que Roldán y Alberts manejaban la logística de huachicol y armas en Querétaro y la frontera sur. Rocha, desde el frente empresarial, habría aportado capital y gasolineras para introducir el combustible robado al mercado formal.

Las investigaciones se apoyan sobre todo en intervenciones telefónicas -compartidas por Reforma, Milenio y El País- que muestran cómo la red ajustaba precios, negociaba con clientes de huachicol, reclutaba personal y discutía riesgos de secuestro o de operativos oficiales. Las llamadas dan cuenta de un discurso normalizado sobre mover armas, "alimentar" (abastecer) camiones con combustible ilegal y "arreglar" a funcionarios para evitar decomisos, todo desde la cobertura de empresas de seguridad privada y estaciones de servicio.

Reyes mantenía contacto con una fiscal especializada y con mandos militares que, según los expedientes, le brindaban información sensible sobre cateos, investigaciones y movimientos de la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada). Este acceso, sumado a la capacidad financiera de Rocha y al control logístico de Roldán, permitió que la red operara durante años en varios estados antes de que las investigaciones se hicieran públicas.

La FGR sostiene que una llamada intervenida (evento 811) del 22 de enero documenta cómo Daniel Roldán Morales explicó a Jacobo Reyes León una disputa por pagos con otros implicados, al señalar que “los Farías me querían ver, porque no se les hace justo que a ellos les estén dando mil 500 dólares” y que su grupo exigía más al decir: “a huevo quieren 2.500 dólares, pero nosotros ponemos el cruce, la lancha, los fletes”; también relató que le pidieron reunirse con ellos “para abrirle los ojos”, aunque aceptó solo bajo condiciones de seguridad por miedo a un secuestro, dejando constancia de su advertencia: “Sí voy, nomás asegúrame que no salgan con sus mam*** de un pin*** levantón”, mientras las autoridades mantienen abiertas las indagatorias sobre el alcance de la red y eventuales cargos. "Conmigo se hace de todo: hay que mover armas, hay que mover huachicol, hay que hacer servicios en la empresa de seguridad", concluyeron.

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Los nexos con el Cártel de Sinaloa: el rol del clan Farías

Uno de los puntos más sensibles del caso es la conexión con el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con Reforma, la FGR documentó que la organización encabezada por Reyes y Rocha mantuvo tratos con los Farías, identificados como jefes de plaza del Cártel de Sinaloa en Escárcega y Candelaria, Campeche, y en la zona fronteriza con Guatemala.

Los Farías habrían controlado un tramo clave de la ruta del huachicol que sube desde Centroamérica hacia territorio mexicano, cobrando un peaje de 1.500 dólares por pipa de combustible que cruzara sin contratiempos. A inicios de este año, exigieron subir la “renta” a 2.500 dólares, lo que generó la negociación recogida en la llamada intervenida donde Daniel Roldán explica a Reyes las nuevas condiciones impuestas por la célula ligada a Sinaloa.

Documentos castrenses filtrados en 2022, y retomados ahora por la prensa, ya vinculaban a miembros de la familia Farías con una célula del Cártel de Sinaloa en Campeche, señalando su control sobre la ruta entre Escárcega, Candelaria y los límites con Tabasco. Ese contexto refuerza la tesis de que la red de Rocha/Reyes no operaba aislada, sino insertada en un ecosistema de contrabando en el que Sinaloa controla territorio y protecciones locales en la franja sur del país.

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Tráfico de armas, bodegas clandestinas y manipulación de equipo bélico

Los reportajes de El País y los expedientes de la FGR coinciden en que la red no se limitaba al combustible: también operaba un circuito de armas de fuego que involucraba importación ilícita, modificación de armamento y distribución a grupos criminales como el Cártel del Golfo, el CJNG y La Unión Tepito.

En este esquema destaca la figura de “Don Armas”, un personaje mencionado en las acusaciones como responsable de alterar armas bélicas, borrar números de serie y reasignar las mismas matrículas a diferentes armas colocadas en empresas de seguridad privada, abaratando costos y dificultando el rastreo oficial. Para evitar detenciones “en flagrancia”, la red también gestionaba permisos de portación mediante un militar identificado como “El Capi” o “Capitán Julián”, lo que permitía mover armamento por varias entidades con una cobertura aparente de legalidad.

Las bodegas claves para estas operaciones eran las mismas que se usaban para el huachicol: “La Espuela”, en Querétaro, y “El Patio” o “Quinta La Chingada”, donde se almacenaban tanto combustibles como armas. Según un denunciante citado en las investigaciones, en La Espuela se guardaban las armas “hasta que se enfriara el problema”, antes de distribuirlas hacia la Ciudad de México, Tamaulipas y otros puntos, en paralelo al flujo de combustible robado.

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El huachicol internacional: cómo fluía el combustible desde Guatemala a México

La red descrita por la FGR muestra un esquema transnacional de huachicol que arrancaba en Guatemala y Estados Unidos y terminaba en estaciones de servicio mexicanas. De acuerdo con las investigaciones, el combustible -gasolina, diésel, MTBE o NAFTA- era adquirido fuera de los canales formales, ingresaba por la frontera sur y llegaba en carrotanques a instalaciones como La Espuela, en Querétaro, bajo la fachada de Ferropolymers.

Una vez en territorio mexicano, el combustible se almacenaba, mezclaba y adulteraba para aumentar su rendimiento y dificultar la detección de su origen ilícito. Desde centros como La Espuela y El Patio, el producto era despachado a empresas legalmente constituidas y, según Milenio y El País, a una red de gasolineras en las que Rocha y sus socios tendrían participación directa o indirecta, generando ganancias millonarias.

La organización se apoyaba en varias empresas factureras y comerciales -Tabasco Capital, PTYH, Mada Energy, GN OIL, GMR Energéticos, AGUI-MAR, PALMA SIKA, entre otras- que emitían facturas falsas para vestir la venta del huachicol como operaciones regulares de compra –venta de hidrocarburos. Una estimación periodística calcula que el esquema completo habría movido al menos 600 millones de pesos, aunque la cifra exacta sigue bajo investigación.

Lavado de dinero y despojo de inmuebles

Además del huachicol y las armas, la red habría construido una maquinaria de lavado de dinero que combinaba empresas de seguridad privada, contratos públicos y factureras. Reportes de El País detallan cómo firmas como Valvón, Segurimex y otras compañías de seguridad servían para justificar el uso de armas y la recepción de pagos, mientras factureras emitían comprobantes por operaciones inexistentes ligadas al combustible.

El despojo de inmuebles aparece como otra fuente de enriquecimiento ilícito. De acuerdo con la acusación, Sergio Abraham Lara encabezaba un esquema que consistía en identificar propiedades deshabitadas, introducir ocupantes, “regularizar” la situación con ayuda de funcionarios corruptos y luego usar esos inmuebles como garantía para préstamos millonarios. La Fiscalía calcula que, solo por esta vía, la red habría acumulado propiedades por unos 160 millones de pesos.

En paralelo, los investigadores señalan que las ganancias del combustible y de las armas se inyectaban en empresas energéticas y de construcción vinculadas a Rocha, tanto en México como en el extranjero. Estas compañías, con presencia en el sector de hidrocarburos, infraestructura y bienes raíces, habrían servido para mezclar capital lícito e ilícito, dificultando el rastreo del origen del dinero ante las autoridades financieras.

Congelamiento de cuentas y situación legal actual

Tras la revelación pública de la red, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú. Diversos medios reportan que la medida se tomó en coordinación con la FGR, en el marco de una investigación por delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y compraventa de armas.

Rocha cuenta con una orden de aprehensión en su contra y, al mismo tiempo, ha sido aceptado como testigo colaborador o testigo protegido en la causa que involucra al menos a una docena de personas, incluidos policías, fiscales y empresarios. La FGR lo ubica como parte de la cúpula de la organización junto a Jacobo Reyes, Jorge Alberts y Daniel Roldán. Mientras tanto, las investigaciones siguen abiertas tanto en México como en Guatemala, donde el empresario fue destituido como cónsul honorario tras estallar el escándalo.