
La Corte Constitucional de Colombia ordenó a Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, ajustar sus políticas de privacidad tras fallar a favor de Esperanza Gómez, reconocida actriz de cine para adultos, en un litigio por vulneración a su derecho a la libertad de expresión.
Mediante un comunicado, el tribunal colombiano señaló que Esperanza Gómez interpuso una acción legal contra la empresa estadounidense por haberle cerrado su cuenta de Instagram sin una justificación transparente y clara.
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La actriz colombiana, con varios años en la industria del cine para adultos, afirmó que había compartido fotografías en ropa interior con las que obtenía ingresos, por lo que también denunció la vulneración de su derecho al trabajo.
Meta, compañía dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, sostuvo que Gómez violó las reglas sobre desnudos de la plataforma, en la que había conseguido más de cinco millones de seguidores.
Luego de sus investigaciones, el tribunal colombiano concluyó que el cierre de la cuenta de Instagram de Esperanza Gómez fue una decisión arbitraria que restringió de forma ilegítima su libertad de expresión.
"Meta aplicó sus políticas sobre desnudez y servicios sexuales de manera inconsistente frente a otras cuentas con contenidos similares que permanecen activas", aseguró el tribunal en un comunicado.
Por esta razón, el tribunal ordenó a Meta revisar y ajustar las condiciones de uso y la política de privacidad de Instagram, de modo que los usuarios conozcan con claridad los mecanismos para impugnar decisiones de moderación.
También le exigió que sus políticas estén disponibles en español y crear un "canal electrónico visible" para que jueces y tribunales puedan remitirle notificaciones judiciales en Colombia.
La sentencia no especifica las sanciones en caso de incumplimiento. Hasta el momento, la compañía estadounidense no se ha pronunciado.
Actualmente, en el continente existen pocos precedentes de decisiones de la justicia que obliguen a las redes sociales a cambiar sus políticas.
Uno de estos casos ocurrió en Brasil, cuando la corte suprema aumentó las obligaciones de las plataformas sobre los contenidos publicados por sus usuarios, en un proceso inédito en América Latina sobre la propagación de noticias falsas y discursos de odio en línea.

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