Represión en Nicaragua: régimen de Ortega-Murillo silencia a sus opositores encarcelando familias enteras sin orden judicial

Organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado sobre el aumento de la persecución política en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estas organizaciones denuncian que, sin orden judicial ni notificación a los familiares, se están encarcelando a opositores y críticos del régimen, incluyendo a familias enteras. Según las denuncias, estas detenciones buscan silenciar las voces disidentes y afianzar el control político del país.

En las últimas redadas, al menos cuatro familias fueron detenidas, incluidas personas vinculadas al ámbito militar y religioso. Los detenidos enfrentan acusaciones como lavado de dinero, traición y conspiración, sin poder acceder a garantías judiciales ni recibir información sobre el paradero de sus familiares.

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Persecución política: la estrategia del régimen para silenciar a la oposición en Nicaragua

Entre los casos denunciados se encuentra la familia de Álvaro Baltodano Cantarero, exgeneral y asesor de Ortega, acusado de lavado de dinero. Además, se le canceló la concesión de una planta geotérmica. Su hijo, Álvaro Baltodano Monroy, fue señalado por la Procuraduría de crear “20 sociedades de papel” con el fin de lavar dinero y evadir impuestos.

Otras familias afectadas incluyen la del coronel en retiro Carlos Brenes y su esposa, detenidos el 15 de agosto de 2025 en una finca entre Masatepe y Jinotepe. También está la familia del pastor evangélico Rudy Palacios, arrestado junto a sus hermanas, cuñados y allegados, quienes fueron trasladados a la prisión La Granja en Granada. Asimismo, la familia Alonso Estrada se vio devastada por la desaparición forzada de su padre, Mauricio Alonso, quien falleció después de 38 días de detención ilegal, mientras que su hijo continúa desaparecido.

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Familias enteras tras las rejas: el impacto de las detenciones del régimen de Ortega-Murillo

Las organizaciones han denunciado que estas detenciones constituyen un castigo colectivo, afectando no solo a los opositores directos, sino también a sus familias. Exigen la liberación inmediata de las al menos 73 personas consideradas presas políticas y reclaman el cese de las desapariciones forzadas en Nicaragua.

Además, han alertado sobre el hecho de que muchas de las detenciones no se hacen públicas por el temor a represalias, lo que refleja un patrón sistemático de represión. Las organizaciones subrayan que la estrategia del régimen de Ortega y Murillo busca intimidar a la oposición y desarticularla, lo que representa un ataque directo a la libertad y seguridad de la sociedad civil nicaragüense.