
El opositor nicaragüense Mauricio Alonso Petri, de 64 años, fue entregado muerto a su familia por el Instituto de Medicina Legal el 25 de agosto, luego de permanecer 38 días desaparecido. Había sido capturado el 18 de julio en su vivienda en Jinotepe, departamento de Carazo, por agentes de la Policía Nacional.
Durante ese periodo, las autoridades no reconocieron su detención ni brindaron información sobre su estado. Su familia realizó gestiones en cárceles, hospitales y estaciones policiales sin obtener respuesta. El cuerpo fue entregado en un ataúd sellado, sin documentación médica que explicara la causa del fallecimiento.
La detención de Mauricio Petri ocurrió durante una serie de operativos policiales realizados en Jinotepe, Masaya, Granada y Rivas, horas antes de la conmemoración del aniversario de la revolución sandinista. Decenas de personas fueron detenidas ese día, y al menos 28 fueron reportadas en condición de desaparición forzada.
Petri fue arrestado en su casa por agentes encapuchados, junto a su esposa e hijo. Su esposa fue liberada ese mismo día, pero ni él ni su hijo regresaron al hogar. La familia no recibió ninguna notificación oficial durante los 38 días posteriores a su detención.
El 25 de agosto, el Instituto de Medicina Legal llamó a los familiares para que reconocieran el cuerpo. La única versión verbal que recibieron fue que Petri “se sintió mal” y murió. No se presentó parte médico ni se informó de atención hospitalaria previa.
La entrega se realizó con la instrucción de mantener el ataúd sellado y proceder a un entierro inmediato bajo vigilancia policial. No se permitió la realización de una autopsia independiente ni se facilitó documentación sobre la causa de muerte.
Hasta la fecha, el hijo de Mauricio Petri, detenido junto a él el 18 de julio, continúa desaparecido. Las autoridades no han confirmado su paradero ni han ofrecido información sobre su situación legal.
Los familiares no han brindado declaraciones públicas tras la entrega del cuerpo, por temor a represalias. Diversas organizaciones civiles han documentado que otros detenidos en esas fechas fueron llevados a celdas clandestinas, sin comunicación ni acceso legal.

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