
El Gobierno británico, encabezado por Keir Starmer, oficializó este jueves una iniciativa que propone reducir la edad mínima para votar de 18 a 16 años en todas las elecciones del Reino Unido. En caso de que la medida sea aprobada por el Parlamento, el país enfrentaría el desafío del desencanto político y el escaso involucramiento cívico.
Con esta decisión, se busca equiparar los derechos de voto en Inglaterra e Irlanda del Norte con los de Escocia y Gales, donde los adolescentes de 16 y 17 años ya pueden votar en comicios regionales. La vice primera ministra de Reino Unido, Angela Rayner, declaró a Reuters sobre cómo el sistema democrático británico se ha ido deteriorando con el pasar de los años, señalando que esta es una las reformas más ambiciosas del país en materia electoral desde 1969.
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El anuncio de esta reforma electoral llega tras un alarmante dato: en las elecciones de 2024, la participación apenas alcanzó el 59,7 %, el nivel más bajo desde 2001, según un informe del Parlamento citado por Reuters. El Ejecutivo considera que extender el derecho al voto a jóvenes de 16 años podría ser clave para revertir la apatía, particularmente en los sectores más jóvenes de la población.
Keir Starmer, líder del Partido Laborista, defendió la iniciativa apelando a la responsabilidad cívica de los adolescentes. “Si tienen edad suficiente para trabajar y pagar impuestos, también deberían decidir cómo se utiliza su dinero y qué rumbo debe tomar el gobierno”, declaró en entrevista con AFP.
El plan del Gobierno británico no solo contempla ampliar el electorado, sino también eliminar obstáculos para ejercer el derecho al sufragio. Una de las propuestas más destacadas es la automatización del registro en el censo electoral, lo que eliminará procesos manuales y reducirá las barreras burocráticas que impiden la inscripción de muchos ciudadanos.
Además, se ampliará la lista de documentos de identidad válidos en los centros de votación. A partir de la reforma, se aceptarán tarjetas bancarias emitidas en el país y versiones digitales de credenciales existentes, como licencias de conducir y tarjetas de veterano. Esta decisión responde al dato revelado por la Comisión Electoral, que estimó en unas 750.000 las personas que no pudieron votar el 4 de julio de 2024 por no contar con documentación.
Otro eje fundamental del proyecto es el endurecimiento de las normas sobre financiación electoral, con el objetivo de evitar la influencia de actores extranjeros en la política nacional. El Ejecutivo plantea imponer multas de hasta medio millón de libras a quienes infrinjan las nuevas reglas, así como supervisar las donaciones políticas superiores a 500 libras provenientes de asociaciones no constituidas en sociedad.
La propuesta también busca cerrar lagunas jurídicas que permitieron la canalización de fondos a través de empresas fantasma. Con estas medidas, el Gobierno aspira a reforzar la confianza ciudadana en los procesos electorales y garantizar que las decisiones políticas no se vean comprometidas por intereses externos.

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