
Andrew Oakes, de 39 años, ocupaba un puesto de confianza en la base militar de Catterick Garrison, en North Yorkshire, donde manipuló el sistema financiero interno durante más de tres años. El caso ha sacudido al Ejército Británico, que ahora enfrenta cuestionamientos sobre sus controles internos.
Entre febrero de 2021 y octubre de 2024, Oakes ejecutó una compleja red de falsificaciones para apropiarse de fondos públicos. El dinero fue utilizado en una vida de lujos: compró un Tesla, un Mini Cooper y un Nissan Qashqai, además de gastar más de 19.000 euros en servicios sexuales, adquirir productos de Apple y someterse a un trasplante de cabello.
El ahora exsargento comenzó el fraude en febrero de 2021, al falsificar extractos bancarios con el objetivo de obtener una hipoteca. Luego continuó creando documentos apócrifos entre julio de 2021 y abril de 2022 para justificar transferencias adicionales.
Durante el esquema, emitió al menos 28 cheques gubernamentales a su nombre y simuló pagos a supuestos proveedores del Ejército. Entre ellos figuraba una empresa de sastrería, la cual negó cualquier relación con Oakes. La fiscal Tabitha Buck explicó que su puesto le otorgaba acceso directo al dinero del Estado, reservado para personal de “alta confianza”.
En mayo de 2024, el fraude comenzó a desmoronarse. Su superior identificó movimientos financieros irregulares y reportó el caso a la Policía Militar en agosto. También había registrado 66 días de baja médica sin justificación clara, lo que generó alertas adicionales.
La investigación fue asumida por el Equipo de Delitos Económicos del Ministerio de Defensa, que confirmó el desfalco y el uso personal de los fondos públicos. El caso reavivó el debate sobre la transparencia en los mandos del Ejército Británico y los mecanismos de control financiero dentro de sus bases.
Durante el juicio, Oakes se disculpó públicamente: “Solo quiero pedir perdón a quienes lastimé, especialmente a mi familia y al Ejército. Estaba en una situación muy difícil, bebiendo mucho alcohol”, declaró ante la corte, según The Telegraph.
El juez Adams reconoció que enfrentaba problemas personales como el alcoholismo y una ruptura sentimental, pero aclaró que esas circunstancias no justificaban el abuso de poder y el uso indebido de fondos estatales. Fue condenado a tres años y medio de prisión, aunque cumplirá menos de la mitad gracias al plan de liberación anticipada vigente en el Reino Unido.

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