
Un segundo juez federal ha bloqueado partes de la orden ejecutiva de Donald Trump sobre elecciones, lo que es otra barrera para el intento del presidente de perseguir a la comunidad inmigrante de EE. UU.
Uno de los apartados, ahora bloqueado por el fallo judicial del viernes, ordenaba a los funcionarios locales verificar la ciudadanía antes de entregar formularios de registro para votar en oficinas de asistencia pública.
La orden, que la Casa Blanca describió en marzo como “la acción ejecutiva de mayor alcance en la historia del país”, generó rápidamente múltiples demandas. En abril, un juez federal en Washington D.C. ya había fallado en contra de la orden en respuesta a una demanda presentada por el Partido Demócrata y grupos defensores del derecho al voto, suspendiendo su implementación.
El fallo más reciente, emitido el martes, responde a una demanda presentada por fiscales generales demócratas de varios estados. Según estos fiscales, es solo uno de los muchos procesos legales que han impulsado contra la administración Trump para frenar acciones ilegales y abusos de poder.
La jueza federal Denise J. Casper, con sede en Massachusetts, determinó que los fiscales generales tienen una alta probabilidad de éxito en su impugnación de ciertos elementos de la orden. Por ello, otorgó una orden judicial que impide que esas partes entren en vigor.
Casper explicó que no hay discusión —ni puede haberla— sobre el hecho de que la ciudadanía estadounidense es necesaria para votar en elecciones federales, y que los formularios actuales de registro ya exigen una declaración jurada de ciudadanía.
El verdadero debate, dijo, es si el presidente tiene autoridad para exigir prueba documental de ciudadanía, cuando ese poder corresponde al Congreso y las leyes actuales no lo requieren.
La orden ejecutiva se enmarca en la narrativa falsa impulsada desde sectores de la derecha que afirman, sin pruebas, que grandes cantidades de personas sin ciudadanía están votando en elecciones nacionales.
Un proyecto de ley en el Congreso, llamado Save Act, también proponía exigir prueba documental de ciudadanía para votar, algo que grupos por los derechos electorales advierten que podría dejar a millones sin poder votar —incluyendo a mujeres que han cambiado su nombre por matrimonio.
La orden de Trump incluía cambios amplios a los requisitos y procedimientos de votación, como la modificación del formulario federal de registro para exigir prueba de ciudadanía, permitir que agencias federales retiren fondos a los estados considerados incumplidos, e instruir al Departamento de Justicia para que procese lo que la Casa Blanca denomina “crímenes electorales”.

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