
Las recientes operaciones de deportación ordenadas en Estados Unidos encendieron la tensión social en California. En Los Ángeles, miles de personas salieron a las calles para rechazar las redadas migratorias, pero las protestas se desbordaron y derivaron en saqueos y actos de violencia.
Los disturbios afectaron principalmente a negocios del centro de la ciudad, donde grupos de saqueadores irrumpieron en tiendas, provocaron daños materiales y enfrentaron a las fuerzas de seguridad. La respuesta de las autoridades incluyó un refuerzo policial y el despliegue de la Guardia Nacional para contener los hechos.
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Las movilizaciones en rechazo a las redadas migratorias comenzaron con concentraciones pacíficas frente a edificios federales y en zonas céntricas de Los Ángeles. Sin embargo, con el paso de las horas, grupos radicalizados se infiltraron en las manifestaciones y atacaron comercios del downtown.
Los saqueadores actuaron de forma coordinada, irrumpiendo en tiendas de ropa, calzado y tecnología. Rompieron escaparates, sustrajeron productos de alto valor y provocaron incendios en la vía pública. La policía informó que varios negocios sufrieron daños significativos y que más de 40 personas fueron arrestadas por su participación en estos actos.
Ante la escalada de violencia, las autoridades desplegaron a la Guardia Nacional en las calles del centro de Los Ángeles. El objetivo fue reforzar la presencia policial y proteger edificios públicos y comercios que se encontraban bajo amenaza de nuevos ataques.
El alcalde de Los Ángeles condenó los actos de violencia y solicitó a los ciudadanos mantener la calma. Asimismo, señaló que los responsables de los saqueos enfrentarán todo el peso de la ley. Por su parte, la policía confirmó que varios agentes resultaron heridos durante los enfrentamientos y que los operativos de vigilancia continuarán en los próximos días.
La ola de disturbios en Los Ángeles reavivó el debate nacional sobre las políticas migratorias y el uso de la fuerza en las redadas. Mientras que sectores conservadores defienden estas operaciones como una medida legítima para reforzar la seguridad, líderes progresistas cuestionan su impacto en comunidades vulnerables y denuncian el aumento de la tensión social.
El gobernador de California reiteró su rechazo a las deportaciones masivas y criticó el uso de fuerzas federales para reprimir las manifestaciones. Al mismo tiempo, destacó que su administración continuará promoviendo leyes para proteger los derechos de los inmigrantes y garantizar que el Estado actúe en línea con los principios de derechos humanos.

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