
La Ley de Insurrección de 1807 otorga al presidente de EE.UU. la autoridad para desplegar fuerzas armadas ante rebeliones o violencia local. Este recurso ha generado controversia, especialmente en lo que respecta al uso de militares en protestas y actos de desobediencia civil. Ha sido utilizada en momentos históricos clave, como durante la Guerra Civil y los disturbios de los años 90.
A pesar de su utilidad en ciertos contextos, la Ley de Insurrección plantea riesgos al darle a Trump un poder amplio para actuar sin el consentimiento estatal. Las protestas recientes en Los Ángeles, motivadas por las redadas migratorias, han reavivado el temor de que el gobierno utilice esta medida para sofocar la disidencia, lo que podría desencadenar nuevos conflictos legales y políticos.
La Ley de Insurrección, vigente desde 1807, autoriza al presidente de Estados Unidos a desplegar tropas federales para reprimir rebeliones o situaciones en las que las autoridades civiles no puedan hacer cumplir las leyes. Esta ley ha sido usada en momentos de disturbios graves, como los disturbios de Los Ángeles en 1992. Sin embargo, su aplicación ha sido criticada por ser ambigua y por otorgar un poder considerable al presidente para decidir cuándo y cómo intervenir militarmente.
De acuerdo con el Brennan Center for Justice, la Ley de Insurrección permite al presidente actuar cuando considera que los métodos judiciales ordinarios no son efectivos para manejar situaciones de insurrección o violencia. No obstante, el uso de esta ley podría ser problemático, ya que se presta a interpretaciones políticas y podría abrir la puerta a abusos de poder.
Las protestas en Los Ángeles, que han cobrado fuerza debido a injusticias contra los inmigrantes, han puesto nuevamente sobre la mesa la posibilidad de que el gobierno recurra a la Ley de Insurrección para controlar el orden público. El despliegue de fuerzas armadas en ciudades como Los Ángeles generaría un conflicto constitucional, ya que la ley Posse Comitatus, que limita el uso de tropas en funciones civiles, podría verse suspendida.
Sin embargo, Donald Trump afirmó el domingo que no invocará la Ley de Insurrección por el momento, a pesar de desplegar 2.000 miembros de la Guardia Nacional. Además, Trump señaló que la aplicación de la ley dependerá de si se considera que hay una insurrección real. " No vamos a dejar que se salgan con la suya", dijo el presidente estadounidense.
Al ser cuestionado sobre la situación en Los Ángeles, Trump respondió que no hay una insurrección, pero sí violencia, y subrayó la necesidad de mantener "ley y orden". También mencionó que las tropas en Camp Pendleton están en "alerta máxima" para apoyar a la Guardia Nacional si fuera necesario.

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