
En un nuevo capítulo de las políticas migratorias del gobierno de EEUU, agentes federales de ICE han realizado redadas en diversos lugares de trabajo en California, específicamente en el Distrito de la Moda y en un Home Depot de Westlake, en Los Ángeles. Esta operación ocurre un día después de una serie de arrestos masivos, que incluyeron a cientos de personas, entre ellas niños, quienes fueron detenidos en condiciones extremadamente precarias en el sótano del Edificio Federal Edward Roybal, ubicado en el centro de Los Ángeles. Las detenciones fueron acompañadas de severas denuncias, como la falta de acceso a comida, agua, abogados y la separación de los detenidos de sus familiares.
La respuesta de la comunidad y de organizaciones como la ACLU en California no se hizo esperar. Andrés Kwon, abogado y asesor principal de políticas de la Fundación ACLU del Sur de California, emitió una dura declaración criticando la situación, indicando que los líderes de Los Ángeles habían roto su compromiso con los inmigrantes. Según Kwon, estos actos, que incluyen la colaboración del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) con ICE, están generando un ambiente de terror y represión en los barrios de la ciudad. La presión para garantizar la seguridad de las familias inmigrantes y la integridad de la ciudad crece, mientras se exigen respuestas claras a los líderes locales.
Las recientes redadas de ICE han tenido lugar en diversos puntos clave de California, una de las principales áreas de concentración de inmigrantes en Estados Unidos. En Los Ángeles, las operaciones se enfocaron en el Distrito de la Moda, un área conocida por su alta población de inmigrantes, muchos de ellos trabajando en la economía informal. Además, otro de los puntos de detención fue un Home Depot en Westlake, una zona también con una gran presencia de trabajadores inmigrantes.
Estas redadas son parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para aumentar los arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados. El impacto de estas acciones es significativo en la comunidad local, que ya se encuentra bajo un clima de tensión debido a las políticas migratorias implementadas en los últimos años.
Según fuentes dentro de la administración, ICE tiene una meta diaria de arrestos de inmigrantes en California y otros estados, con énfasis en aquellos con antecedentes penales o que hayan violado la ley migratoria. Las redadas de los últimos días forman parte de un esfuerzo más grande para cumplir con los objetivos de deportación establecidos por la administración Trump.
La polémica surge debido a la metodología de estas detenciones. Los informes indican que en algunos casos, las redadas se realizan sin el debido proceso, lo que lleva a la detención de personas que no representan una amenaza inmediata. Además, muchos inmigrantes temen que cualquier contacto con las autoridades federales pueda resultar en su arresto, incluso si no tienen antecedentes penales. Esta situación ha generado preocupación en comunidades enteras que ven cómo los agentes de ICE actúan sin mayores restricciones, en ocasiones sin la supervisión adecuada.
Los testimonios de aquellos afectados por las redadas son impactantes. Varios inmigrantes reportaron que fueron detenidos mientras iban a trabajar o simplemente al salir de sus hogares, lo que ha provocado un fuerte temor entre las comunidades más vulnerables. Los líderes locales, incluidos varios sindicatos, también han expresado su descontento con la violencia empleada por los agentes federales. Además, se reportaron casos en los que manifestantes y observadores legales fueron reprimidos durante protestas en defensa de los derechos de los inmigrantes, lo que añade una capa de preocupación sobre el respeto a las libertades civiles.
Andrés Kwon, en su declaración, subrayó que los líderes locales de Los Ángeles han incumplido su promesa de proteger a los inmigrantes y han permitido que se desarrolle lo que él describe como una "operación paramilitar". Para Kwon, y muchos otros defensores de los derechos humanos, estas redadas representan un abuso de poder y una grave violación de los derechos de los inmigrantes. Exigen que los funcionarios electos de la ciudad de Los Ángeles y del estado de California tomen medidas inmediatas para frenar esta ola de detenciones y garantizar la seguridad de las familias inmigrantes.

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