
El 25 de mayo de 2025, la Cámara de Representantes de Texas aprobó la ley SB 8 con 86 votos a favor y 47 en contra, marcando un endurecimiento en la política migratoria estatal. Esta normativa obliga a todos los condados, sin excepción, a firmar acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el programa 287(g), el cual permite la colaboración de autoridades locales en la identificación y detención de inmigrantes indocumentados. La ley extiende su alcance inicialmente pensado para condados con más de 100.000 habitantes, lo que implica una expansión significativa en el control migratorio a nivel estatal.
Este proyecto forma parte de un paquete legislativo impulsado en la sesión especial convocada por el gobernador Greg Abbott, centrado en fortalecer la seguridad fronteriza de Texas. La aprobación de la SB 8 se suma a una serie de medidas que buscan aumentar la cooperación entre las autoridades locales y federales para hacer cumplir las leyes migratorias, intensificando las redadas migratorias en Texas y elevando el nivel de colaboración con ICE en la detención de inmigrantes.
El representante republicano David Spiller defendió la ley SB 8 como una herramienta clave para reforzar la seguridad pública y la integridad del sistema migratorio en Texas. Spiller enfatizó que la colaboración con ICE a través del programa 287(g) permite a los condados participar activamente en la detención de personas que se encuentran en situación irregular, contribuyendo a reducir el delito y mejorar la protección de las comunidades.
Para el Partido Republicano, esta legislación es parte de su estrategia para posicionarse con firmeza en el debate migratorio, mostrando un compromiso con la seguridad fronteriza Texas y el cumplimiento estricto de las normas federales de inmigración. Según Spiller, los acuerdos entre condados e ICE fortalecen el control local y federal, permitiendo actuar de manera coordinada ante la creciente preocupación por la migración irregular.
La ley SB 8 no es la única medida que Texas ha impulsado recientemente para endurecer su postura migratoria. Durante la misma sesión especial, se aprobaron otros proyectos enfocados en incrementar la vigilancia y control sobre la población inmigrante en el estado. Estas leyes han provocado un impacto significativo en la dinámica migratoria y social.
Sin embargo, diversos funcionarios y expertos han señalado preocupaciones en cuanto a los costos de implementación del programa 287(g). El sheriff del condado de Harris estimó que operar este programa podría significar un gasto superior a un millón de dólares, cifra que se suma al déficit presupuestario de 270 millones de dólares que enfrenta el estado. Además, existen advertencias sobre el perfilamiento racial y la disminución de la cooperación ciudadana con las fuerzas del orden, situaciones que pueden afectar la convivencia y generar procesos legales complicados por detenciones potencialmente indebidas.
El gobernador Greg Abbott ha mostrado un firme respaldo a las iniciativas legislativas que buscan fortalecer la seguridad fronteriza y la colaboración con ICE en Texas. Tras la aprobación en la Cámara de Representantes, la ley SB 8 espera la promulgación oficial del gobernador, un paso clave para su entrada en vigor.
Abbott ha enfatizado que estas medidas son necesarias para proteger al estado y hacer cumplir las leyes de inmigración. Su postura ha sido un factor determinante para impulsar un paquete legislativo que abarca desde la capacitación de personal en condados, hasta la implementación de procesos administrativos y operativos exigidos por el programa 287(g).
La ley SB 8 representa un cambio importante en la política migratoria de Texas, cuyo impacto aún será evaluado en cuanto a la efectividad en la seguridad fronteriza y la administración de la justicia, así como en el respeto de los derechos de inmigrantes y comunidades afectadas.

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