Malas noticias para inmigrantes: proyecto de ley que obliga a sheriffs a colaborar con ICE avanza en este estado
La normativa SB 8 permite que oficiales locales interroguen a detenidos sobre su estatus migratorio dentro de las cárceles.
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La Cámara de Representantes de Texas aprobó de forma preliminar este sábado un proyecto de ley que exigirá a los alguaciles del estado colaborar con el ICE. Esta normativa permitirá a los oficiales locales ejecutar órdenes de arresto migratorio dentro de las cárceles.
El Proyecto de Ley del Senado 8 se alinea con las medidas de inmigración implementadas en el estado, tras el acuerdo 287(g). De esta forma, ICE refuerza su autoridad para detener extranjeros.
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Texas: avanza proyecto de ley para que sheriffs colaboren con ICE
Con un total de 89 votos a favor y 50 en contra, el Proyecto de Ley del Senado 8 (SB 8) recibió aprobación preliminar.
El representante estatal David Spiller, del Partido Republicano y originario de Jacksboro, fue el encargado de presentar una enmienda que amplía la aplicación de la ley a todos los condados de Texas, a diferencia de la versión anterior que limitaba su alcance a las áreas más pobladas.
“Este proyecto no es una reforma migratoria”, afirmó Spiller. “Es, indirectamente, la propuesta más fuerte sobre seguridad fronteriza que podemos lograr en esta sesión”.
Para avanzar, la medida necesita una segunda votación en la Cámara antes de regresar al Senado, que deberá aceptar los cambios o negociar una versión final con la Cámara baja.
El gobernador Greg Abbott tendrá la decisión final sobre su promulgación.
“El gobernador ha sido claro: ciudades y condados de Texas deben cooperar completamente con el gobierno federal en la detención, encarcelamiento y deportación de inmigrantes ilegales”, dijo el viceportavoz Eduardo Leal.
¿De qué trata el Proyecto de Ley del Senado 8 en Texas?
SB 8 exige que los alguaciles soliciten acuerdos con ICE bajo el programa 287(g), creado por una ley federal que autoriza a las autoridades locales a ejecutar ciertos procedimientos migratorios dentro de las cárceles.
Esto incluye interrogar a detenidos sobre su estatus migratorio y emitir órdenes administrativas.
También permite que ICE delegue funciones a oficiales locales fuera de los centros de detención, en el llamado “modelo de fuerza de tarea”, revivido durante la administración Trump y criticado por facilitar la discriminación racial.
El proyecto establece como obligatorio que los alguaciles firmen acuerdos bajo el modelo de “servicio de órdenes”, que les permite ejecutar órdenes migratorias administrativas. Sin embargo, podrán cumplir con la ley si participan en otros modelos del programa también.
Además, SB 8 —presentado por el senador Charles Schwertner, republicano de Georgetown— autoriza al fiscal general de Texas a demandar a aquellos alguaciles que se nieguen a participar.
La medida también contempla subsidios para cubrir los costos del programa que no sean reembolsados por el gobierno federal. Este proyecto se perfila como la legislación migratoria más relevante de la sesión.
¿Cuál sería el impacto en la comunidad inmigrante del proyecto de ley en Texas?
Organizaciones defensoras de los derechos civiles han expresado su preocupación, pues advirtieron que la legislación podría fomentar el perfilamiento racial, especialmente contra personas negras y latinas. Además, puede generar miedo entre los inmigrantes indocumentados, quienes podrían evitar denunciar delitos o buscar ayuda ante las autoridades por temor a ICE.
SB 8 podría reforzar los esfuerzos de deportación masiva promovidos por la administración Trump, limitados hasta ahora por la falta de personal y recursos. Según cifras del propio ICE, hasta el viernes 72 agencias policiales de Texas, en su mayoría oficinas del alguacil, ya habían firmado acuerdos 287(g), y otras cuatro tenían convenios pendientes.
Aproximadamente el 20% de estos acuerdos correspondían al “modelo de fuerza de tarea”, que otorga poderes migratorios a oficiales en sus labores cotidianas.
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