
Las deportaciones masivas impulsadas por el presidente Donald Trump siguen suscitando controversia en Estados Unidos, especialmente a raíz de las recientes redadas dirigidas a estudiantes internacionales que manifestaron su apoyo a Palestina. El caso de Mahmoud Khalil, un residente permanente de origen sirio que enfrenta la posibilidad de ser expulsado, ha reavivado la discusión sobre los derechos de los inmigrantes en el país.
Expertos en derecho constitucional sostienen que la Primera Enmienda puede desempeñar un papel clave en la defensa de extranjeros penalizados por ejercer su libertad de expresión, incluso dentro de procesos relacionados con inmigración.
Aunque la administración de Donald Trump respalda las deportaciones masivas con base en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, abogados y especialistas aseguran que la Constitución de EEUU protege a todas las personas dentro del país, sin importar el estatus migratorio.
La administración de Donald Trump respalda las deportaciones masivas con fundamento en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Foto: composición LR
La Primera Enmienda de Estados Unidos, ratificada en 1791, garantiza la libertad de expresión, de prensa y de reunión pacífica. Según expertos, esta protección no se limita solo a los ciudadanos estadounidenses, sino que también abarca a personas en situación migratoria irregular o con residencia permanente.
El abogado constitucionalista Kevin Goldberg, vicepresidente de Freedom Forum, explicó que los inmigrantes también están amparados por la Primera Enmienda. Sin embargo, reconoció que existe una "zona gris" en la ley, ya que no siempre está claro cuándo una manifestación pública puede considerarse una amenaza para la política exterior de Estados Unidos. Además, el especialista señaló que este punto abre la puerta a posibles abusos de poder por parte de las autoridades migratorias.
Charles Kuck, expresidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), coincidió en que la Primera Enmienda protege a todas las personas en Estados Unidos, pero advirtió que participar en actividades que el gobierno considere contrarias a los intereses nacionales, como las protestas pro-Palestina, puede ocasionar en los inmigrantes una situación legal delicada y elevar el riesgo de deportación.
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La administración de Donald Trump, desde la Casa Blanca, apoya las deportaciones masivas basándose en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en particular en el Título 8, sección 1182(a)(3)(C). Esta disposición concede al Secretario de Estado, actualmente Marco Rubio, la autoridad para deportar a extranjeros si hay razones suficientes para considerar que su presencia o actividades representan un riesgo para la política exterior de Estados Unidos.
La portavoz Karoline Leavitt respaldó esta postura, afirmando que las medidas adoptadas son fundamentales para salvaguardar la estabilidad nacional. Desde la perspectiva de la administración Trump, participar en manifestaciones vinculadas a organizaciones consideradas hostiles, como Hamás, puede interpretarse como una amenaza directa a la seguridad y los intereses del país.
El proceso de deportación en Estados Unidos sigue una serie de pasos legales establecidos para determinar si una persona debe ser obligada a salir del país. A continuación, te compartimos el procedimiento de manera detallada:

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