
Otro revés para Donald Trump. El presidente de Estados Unidos busca suprimir programas esenciales como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el Parole Humanitario, con el fin de agilizar las deportaciones de inmigrantes. Estas medidas se enmarcan dentro de una ambiciosa propuesta conocida como Proyecto 2025.
Instituciones como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) están colaborando con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para aumentar las redadas contra los inmigrantes indocumentados y acelerar las deportaciones masivas.
Sin embargo, la jueza federal Charlotte Sweeney respaldó el fallo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y evitó temporalmente que Donald Trump deporte a inmigrantes indocumentados sin una audiencia previa ante los tribunales de Estados Unidos.
No solo se limitó a bloquear las deportaciones masivas impulsadas por Donald Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Foto: composición LR
El fallo de la jueza Charlotte Sweeney bloquea la intención del presidente Donald Trump de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a inmigrantes indocumentados. Además, la magistrada suspendió la deportación de cerca de cien venezolanos, quienes habían sido detenidos con el objetivo de ser trasladados a El Salvador. Actualmente, estos individuos continúan recluidos en el centro de detención GEO, ubicado en Aurora, al este de Denver.
Sin embargo, los abogados del gobierno de Trump sostuvieron que esta medida judicial podría obstaculizar la capacidad del gobierno federal para llevar a cabo arrestos, detenciones y deportaciones de inmigrantes indocumentados.
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No solo se limitó a bloquear las deportaciones masivas impulsadas por Donald Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa que ahora enfrenta una disputa en la Corte Suprema de Estados Unidos. Luego de la denuncia de la ACLU sobre la posible deportación de venezolanos bajo la norma de 1798, sin haber recibido la notificación legal adecuada, la jueza Charlotte Sweeney decidió mantener la suspensión de las expulsiones en Colorado hasta el 6 de mayo de 2025.
Durante la audiencia, la jueza determinó un requisito clave: Donald Trump deberá notificar con al menos 21 días de anticipación a los inmigrantes detenidos en Colorado antes de cualquier intento de deportación. Asimismo, ordenó que el gobierno federal informe a cada persona detenida, en un idioma que comprendan, sobre su derecho a consultar con un abogado.
Charlotte Sweeney respaldó el fallo de ACLU y evitó temporalmente que Donald Trump deporte a inmigrantes indocumentados. Foto: composición LR
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Las tensiones entre los gobiernos estatales y federales en Estados Unidos vuelven a quedar en evidencia. Además de la decisión de la jueza Charlotte Sweeney, la gobernadora Katie Hobbs vetó un proyecto de ley que pretendía reforzar la colaboración obligatoria con las autoridades de inmigración. Esta iniciativa, promovida por legisladores republicanos cercanos a las políticas migratorias de Donald Trump, planteaba obligar a las agencias estatales de Arizona a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la detención de inmigrantes indocumentados.
La controversia en torno a las deportaciones de inmigrantes venezolanos se desató el 15 de marzo, cuando Donald Trump activó la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a individuos considerados presuntos criminales. El 7 de abril, la Corte Suprema aprobó que el republicano pudiera aplicar esta ley a inmigrantes con antecedentes penales, aunque estableció que debía notificar previamente a aquellos que serían procesados bajo esta normativa.

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