
El presidente de Argentina, Javier Milei, expresó su respaldo a la reducción de la edad de imputabilidad, impulsando el proyecto de su Gobierno que busca bajarla de 16 a 13 años. Además, mencionó la posibilidad de disminuirla aún más al señalar que en algunos países la edad mínima para imputar delitos es de 10 años.
“También la podríamos llevar a diez, porque hay países en el mundo que está en diez”, afirmó el mandatario durante una entrevista con el canal LN+. Su declaración ha reavivado el debate sobre el régimen penal juvenil en Argentina, con diversas posturas desde el ámbito político, judicial y de derechos humanos.
En Argentina, el Régimen Penal de la Minoridad (Ley 22.278) establece que los menores de 16 años no pueden ser juzgados penalmente. Sin embargo, aquellos que tienen entre 16 y 18 años pueden ser imputados por delitos graves que impliquen penas de más de dos años de prisión.
Según datos oficiales de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en el primer semestre de 2023 había 2.407 menores en centros especializados. De ese total, 1.022 tenían menos de 16 años, lo que refleja la complejidad del sistema de responsabilidad penal juvenil en el país.
El presidente Milei argumenta que la reducción de la edad mínima de imputabilidad es una medida para enfrentar la delincuencia juvenil. En su entrevista con LN+, mencionó el caso de Kim Gómez, una niña de siete años que murió tras ser arrastrada por un vehículo robado por menores de edad. “Uno de los asesinos de Kim (de 14 años) no podría haber salido y estaría preso”, afirmó Milei en defensa de su postura.
El proyecto del Gobierno, anunciado en junio de 2024 por el Ministerio de Seguridad, propone modificar la normativa actual para que los adolescentes de 13 años en adelante puedan ser juzgados por delitos graves. La iniciativa ha generado un amplio debate en la sociedad y en el ámbito legislativo, con posiciones a favor y en contra.
Reducir la edad de imputabilidad a 13 o incluso 10 años implicaría una reforma estructural en el sistema penal juvenil. Especialistas en derecho penal destacan que cualquier modificación debe considerar tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que recomienda medidas alternativas a la prisión para menores de edad.
Por otro lado, sectores que apoyan la propuesta sostienen que la criminalidad juvenil es un problema en aumento y que se requieren herramientas legales más estrictas para abordarlo. La iniciativa aún debe ser discutida en el Congreso y enfrenta tanto respaldo como críticas desde distintos sectores políticos y sociales.

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