
Miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos viven en incertidumbre ante las políticas migratorias de Donald Trump, enfocadas en deportaciones masivas y un refuerzo del control fronterizo. En respuesta, varios estados y ciudades santuario han adoptado estrategias de protección para reducir la cooperación con las autoridades federales de inmigración, evitando que los recursos locales se utilicen en órdenes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En paralelo, los hospitales de distintos estados han tomado decisiones divergentes respecto al trato de pacientes inmigrantes indocumentados, según información proporcionada El Tiempo Latino. Mientras que lugares como California y Massachusetts se niegan a registrar el estatus migratorio de sus pacientes, Florida y Texas han adoptado medidas más restrictivas. A pesar de estas diferencias, todos los centros de salud aseguran que no rechazarán a ningún paciente, independientemente de su estatus migratorio.
Entre las medidas más polémicas de Donald Trump se encuentran la deportación de familias completas. Foto: composición LR
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Estados como California y Massachusetts han fortalecido la protección de la privacidad de los pacientes inmigrantes en medio de las deportaciones masivas de Donald Trump. En estas áreas, los hospitales no incluyen el estatus migratorio en los registros médicos ni cooperan con las autoridades federales para llevar a cabo arrestos dentro de sus instalaciones. Además, algunas clínicas en Massachusetts han colocado carteles informativos sobre los derechos de privacidad, disponibles en varios idiomas, incluido el español.
Por otro lado, autoridades sanitarias en California han instruido a los proveedores de atención médica para que no incluyan información sobre el estatus legal en facturas o registros. Esto busca garantizar un entorno seguro donde los pacientes no teman buscar ayuda médica.
Donald Tump ha incentivado políticas antiinmigrantes en diversos estados del país norteamericano. Foto: composición LR
Florida y Texas exigen que los hospitales recopilen información sobre el estatus migratorio de los pacientes y calculen los costos de atención médica asociados a los inmigrantes indocumentados. Estas políticas, respaldadas por líderes republicanos como Ron DeSantis y Greg Abbott, forman parte de una estrategia para registrar el impacto financiero de la atención médica en este sector de la población.
La ley SB 1718, firmada por DeSantis en 2023, obliga a los hospitales que reciben fondos de Medicaid a indagar sobre el estatus migratorio de los pacientes. Esta legislación ha provocado un notable aumento en la reticencia de los inmigrantes a solicitar atención médica, con un 66% de las personas no ciudadanas expresando temor o incertidumbre antes de acudir a un hospital, según un estudio del Im/migrant Well-Being Research Center de la Universidad del Sur de Florida.

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