Un grupo de cocaleros en Bolivia, que lleva más de diez días realizando bloqueos en diversas rutas, confirmaron estar armado y advirtió que están dispuestos a "responder" si las autoridades intentan intervenir los piquetes. Los dirigentes del Trópico de Cochabamba, liderados por Dieter Mendoza de la Federación Mamoré-Bulo Bulo, asumen un tono cada vez más desafiante frente al gobierno, advirtiendo que responderán con el mismo nivel de violencia si la policía intenta desbloquear las carreteras.
"Queremos advertir a estos civiles, a estos grupos de vándalos, delincuentes, paramilitares, parapoliciales ya la vez policías, advertimos si una vez más vuelven a intervenir, no van a salir como han salido hoy. En la medida en la que ustedes estén atacando, en la medida en la que usan su armamento, serán respondidos. No jueguen con el trópico de Cochabamba", manifestó Mendoza, dirigente de una de las federaciones cocaleras.
El objetivo de esta escalada sería presionar para la convocatoria de nuevas elecciones. Foto: AFP.
Además, desde sectores vinculados al evismo, seguidores del expresidente Evo Morales, señalaron que las manifestaciones podrían extenderse de las carreteras a las ciudades. El objetivo de esta escalada sería presionar para la convocatoria de nuevas elecciones, con la amenaza explícita de desestabilizar al gobierno actual. Las tensiones entre los cocaleros y el gobierno de Bolivia siguen en aumento.
Mendoza también denunció que el gobierno de Luis Arce, a través del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, desplegó un gran contingente de fuerzas de seguridad, incluyendo 2,000 policías y paramilitares, para intentar desbloquear las carreteras en el Trópico de Cochabamba. Mendoza advirtió que además de intensificar las protestas, las movilizaciones podrían extenderse a ciudades clave como La Paz.
"No les vamos a esperar como hoy (martes), en la medida que ustedes están atacando, en la medida que usan su armamento serán respondidos, no jueguen con el Trópico de Cochabamba", añadió Mendoza en una rueda de prensa tras la intervención policial.
Los dirigentes del Trópico de Cochabamba, liderados por Dieter Mendoza de la Federación Mamoré-Bulo Bulo, asumen un tono cada vez más desafiante frente al gobierno. Foto: AFP.
David Veizaga, otro dirigente de las protestas, fue aún más directo al afirmar que "el gobierno de Arce tiene que salir de palacio" si no cambia su estrategia. Ambos líderes señalaron que las acciones del gobierno no quedarán sin respuesta, indicando que cualquier provocación tendrá un "alto costo" para las autoridades. Aunque se les preguntó si las bases estaban armadas, el tono de las respuestas fue ambiguo.
"Estamos armados en el trópico de Cochabamba con convicción ideológica, con principios éticos, morales y revolucionarios. Estamos listos para resistir hasta las últimas consecuencias", indicó Mendoza, además añadió que la movilización "ahora debe masificarse".
Las protestas iniciadas el 14 de octubre de 2024 por sectores sociales afines a Evo Morales comenzaron como un respaldo político a su líder, quien enfrenta acusaciones penales por estupro y trata de personas. Sin embargo, las manifestaciones derivaron en demandas económicas y políticas más amplias como la provisión de dólares y combustible, además de la validación de un congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Las protestas iniciadas el 14 de octubre de 2024 por sectores sociales afines a Evo Morales comenzaron como un respaldo político. Foto: AFP.
La protesta, que al principio contaba con cuatro puntos de bloqueo, aumentó rápidamente, llegando a 20 bloqueos distribuidos principalmente en el departamento de Cochabamba. Esta región es clave, ya que conecta las áreas del oriente y occidente del país. A pesar de la intervención de la policía para despejar algunos bloqueos, los manifestantes han logrado reinstalar los piquetes, complicando la situación.
El impacto económico de las protestas ha sido significativo, afectando especialmente al sector productivo. La Cámara Nacional de Industrias estimó pérdidas por aproximadamente 3.500 millones de bolivianos (unos 500 millones de dólares), debido a que cientos de toneladas de alimentos quedaron varadas en las carreteras. A medida que las tensiones aumentan, el gobierno de Arce ha prometido intervenir gradualmente.