El presidente de Argentina, Javier Milei, señaló que la Universidad Pública Nacional “no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y a los de la clase media alta” en un acto donde el Gobierno cambió el nombre del Centro Cultural Kirchner por el de Palacio Libertad “Domingo Faustino Sarmiento”.
El líder de La Libertad Avanza afirmó que el 40% de los alumnos de escuelas primarias tienen mal desempeño en Lengua y Matemáticas, además de problemas de comprensión. Por ello, criticó que está mal poner el “foco” en las universidades “en un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad”.
Sin embargo, los datos desmentirían las afirmaciones de Milei, quien aseguró que “no está en discusión la universidad pública y tampoco está en discusión que sea no arancelada”, pero aclaró que lo que quieren es auditarlas.
Un análisis de Chequeado, con datos del INDEC del primer trimestre de 2024, reveló que el 42,3% de los estudiantes universitarios provienen de los deciles más bajos —medida estadística que consiste en dividir a la población en 10 partes iguales, ordenando de menor a mayor según el monto de sus ingresos—, y el 91% asiste a universidades públicas.
Entre el 46% y el 68% de los estudiantes de universidades públicas en Argentina son hijos de padres y madres que no cuentan con estudios universitarios. Estos datos, que son de carácter oficial, fueron publicados en el último Anuario por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SPU), entidad que forma parte del Ministerio de Capital Humano.
Asimismo, según Leopoldo Tornarolli, economista de la Universidad Nacional de La Plata, basándose en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para Chequeado, la pobreza afecta al 42,6% de estos estudiantes, reflejando una tendencia de mayor acceso a la universidad por jóvenes de bajos ingresos debido a la expansión de la oferta educativa.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) divide a la sociedad en estratos bajo, medio y alto según sus ingresos, clasificándolos en deciles. De esta manera, el estrato bajo corresponde a los deciles 1 al 4, el estrato medio abarca los deciles 5, 6, 7 y 8, y el estrato alto se asigna a los deciles 9 y 10.
En total, 445.503 jóvenes de los deciles más bajos cursan estudios universitarios. Del decil 1, el 91% asiste a universidades públicas, mientras que en el decil 2 lo hace el 88%, en el decil 3 el 93% y en el decil 4 el 90%. Aunque el decil 10 tiene la mayor proporción de estudiantes universitarios (60,5%), el 26,4% de los jóvenes del decil 3 también accede a la universidad.
Finalmente, según el Anuario Estadístico de 2022 (último informe disponible) del Ministerio de Capital Humano, se reportó que el 47,8% de los nuevos inscritos en universidades e institutos universitarios nacionales y provinciales de Argentina eran primera generación de universitarios en sus familias.
El presidente Milei vetó hace dos semanas una ley que aumentaba fondos para las universidades por considerar que ello ponía en jaque el equilibrio fiscal, pilar de su gobierno, pese a que la oficina de presupuesto del Congreso calculó su impacto en 0,14% del PIB, según la agencia AFP.
Milei ha centrado su postura en las auditorías a las universidades, al echar un manto de sospecha sobre la adjudicación de los fondos públicos que estas reciben. "Este revuelo es tomar una causa noble, como la universidad y ocultar los curros (delitos) de los delincuentes", afirmó el presidente. "¿Por qué tanto problema porque las queremos auditar? ¿Quién no quiere ser auditado? El que está sucio", expresó.
Los estudiantes se pusieron en pie de guerra luego de que el Congreso ratificara el veto presidencial el miércoles pasado pese a masivas marchas para reclamar mayor presupuesto para las universidades.
Las universidades cumplen con auditorías internas ordinarias; no obstante, la Auditoría General de la Nación (AGN) tiene pendiente su plan de revisiones, el cual debe ser aprobado por una comisión parlamentaria cuya conformación no ha sido completada por el propio gobierno.