Un audio filtrado a la prensa en Chile hizo estallar el peor escándalo de corrupción desde el retorno de la democracia, en 1990. El caso "Hermosilla" golpea hace 11 meses a la élite política, empresarial y judicial de un país valorado internacionalmente por su transparencia.
En noviembre pasado, el medio de investigación Ciper publicó el audio de una conversación grabada sin orden judicial entre el prestigioso abogado Luis Hermosilla, su colega Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, investigado por fraude.
"Aquí estamos haciendo una 'huevá' (algo) que es delito", se le escucha decir a Hermosilla sobre el pago de sobornos para salvar a Sauer de la cárcel.
La justicia incautó el teléfono del abogado. La prensa tuvo acceso al contenido y el escándalo fue creciendo a cuenta gotas.
En casi un millón de páginas de transcripciones se revelan los vínculos del abogado con la élite política, económica y judicial, y sus maniobras para torcer la justicia en beneficio de sus poderosos clientes.
El caso Hermosilla "nos muestra cómo una parte de la élite resuelve ciertos problemas y cómo gestiona intereses económicos. En esas gestiones hay mucho de trampa, tráfico de influencias y corrupción", explica a la AFP Nicolás Sepúlveda, periodista de investigación que reveló la trama.
Este letrado "es un símbolo, un puente entre los poderes empresariales, políticos y judicial" que resolvía saltándose las reglas. La impunidad con la que operaba es "la demostración empírica de cómo en Chile no hay un acceso igualitario a la justicia", agrega.
El escándalo desató un terremoto político y es comparado con el generado por Odebrecht, el gigante de la construcción de Brasil que consiguió millonarios contratos públicos en varios países a cambio de financiar políticos ilegalmente.
"Es el caso de corrupción más grande de la historia reciente de nuestro país, una red muy profunda de corrupción de cuello y corbata que ha querido corromper a distintas instituciones del Estado", describió Camila Vallejo, vocera del gobierno del izquierdista Gabriel Boric que hasta ahora no aparece salpicado por el caso.
Doce personas están siendo investigadas. Los tres protagonistas del audio están en prisión, además del exjefe de la policía civil, Sergio Muñoz, acusado de entregar información reservada.
La jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue removida el jueves de su cargo por sus vínculos con el abogado y ahora enfrenta un juicio político en el Congreso, que podría inhabilitarla de cargos públicos.
Jean Pierre Matus, miembro del alto tribunal conformado por 21 jueces, enfrenta también un proceso de destitución por eventual tráfico de influencias.
El caso ha removido las fibras de un país que, según la oenegé Transparencia Internacional, es el 29º país del mundo y el segundo de América Latina con menos corrupción.
"Es un caso claramente de un tremendo impacto y que genera una percepción de corrupción en el sector público más extendida de lo que realmente percibía la opinión pública", dice Rodrigo Espinoza, analista político de la Universidad Diego Portales.
Una de las arista más graves involucra al exfiscal Manuel Guerra, a cargo de la investigación abierta en 2015 contra los dueños del grupo económico Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, por soborno y financiamiento ilegal de la política.
En un acuerdo que ya en ese entonces generó controversia, Guerra rebajó los cargos a los empresarios, financistas de partidos conservadores, y en vez de la cárcel les ordenó asistir a clases de ética.
Los mensajes revelados con Hermosilla -asesor del gobierno del derechista Sebastián Piñera en esa época- muestran que Guerra operaron juntos para cerrar el caso en 2018.
"En los 25 años de existencia del Ministerio Público no había habido una imputación por corrupción de esta envergadura en contra de una autoridad tan relevante", reconoció el fiscal nacional, Angel Valencia.
Las esquirlas salpican también al entorno del fallecido expresidente Piñera.
Andrés Chadwick, primo y exministro del Interior de sus dos administraciones (2010-2014/2018-2022), y uno de los mejores amigos de Hermosilla, aparece mencionado recurrentemente en los mensajes.
El exministro está citado a declarar. Se cree que pudo liderar las operaciones que ejecutó el abogado.
En los mensajes con el exfiscal Guerra se revela que también entregó información sobre dos causas judiciales que investigaban inversiones de Piñera y que se cerraron sin imputaciones.
"El escándalo ha generado un daño transversal al sistema político chileno, fuertemente afectado por una crisis de confianza que se ha venido haciendo cada vez mas intensa desde 2010", asegura el politólogo Marcelo Mella.
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