La justicia que investiga el conflicto armado en Colombia imputó, este lunes 25 de julio, crímenes de guerra y lesa humanidad a 19 militares por el asesinato de 303 personas, la mayoría civiles en combate entre 2005 y 2008. Un general y cuatro coroneles en retiro están implicados.
Las ejecuciones forman parte de los llamados “falsos positivos”, una escandalosa trama de sangre que armaron oficiales del Ejército para inflar sus resultados en la lucha contra las guerrillas.
En una declaración pública, la justicia especial de paz (JEP) aseguró haber reunido evidencia para formular cargos a los 19 militares por el asesinato y desaparición forzada de cientos de personas en el departamento de Casanare (este).
Los uniformados pertenecían a la Brigada XVI, segmento en el que se terminó implantando “una organización criminal” para asesinar y presentar “falsamente” a civiles como guerrilleros o delincuentes, señalaron los magistrados.
Entre las 303 víctimas, la mayoría son hombres entre los 18 y 25 años. También hay “nueve mujeres, una persona LGTBIQ y ancianos”.
La JEP también determinó que las tropas ejecutaron a civiles que “fueron incentivados a consumir alcohol o estupefacientes”.
Los efectivos de la Brigada XVI recibieron a cambio “permisos, comidas especiales, planes vacacionales, cursos de formación en el exterior y reconocimientos” para propiciar su ascenso.
La misma práctica se extendió a varias unidades militares entre 2002 y 2008, bajo el gobierno de derecha de Álvaro Uribe. La JEP estima que los militares cometieron 6.402 asesinatos en ese periodo.
Los 19 militares deberán en las siguientes semanas reconocer o rechazar los cargos. Si confiesan su responsabilidad y reparan a sus víctimas, podrán recibir penas alternativas a la cárcel. De lo contrario, serán condenados a 20 años de prisión.