El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que de rechazarse la propuesta de nueva constitución en el plebiscito del próximo 4 de setiembre, se debe convocar a un nuevo proceso para otra carta magna.
“De ganar la alternativa ‘rechazo’ (a la nueva constitución), lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más (...) Tiene que haber un nuevo proceso constituyente”, señaló en una entrevista a Chilevisión. “Va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero”, reiteró.
El 4 de julio, Chile terminó la redacción de la nueva carta magna, y está a puertas de decidir en un plebiscito obligatorio si será aprobado y aplicado, o quedará vigente la redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet y parcialmente reformada en democracia.
Boric afirmó que alrededor del 80% de los ciudadanos quiere cambios, lo cual quedó demostrado en el histórico referéndum de octubre de 2020, y que optó por “una nueva constitución escrita por un organismo especialmente electo para ese fin”.
Por ello, el presidente agregó que el camino sería convocar a unas nuevas elecciones constituyentes, como las que se celebraron en mayo de 2021. Aquella vez, el país sudamericano eligió un órgano de tendencia progresista, con gran número de independientes, 17 escaños para representantes indígenas y el mismo número de mujeres y hombres.
Cuando Boric era diputado en 2019, fue uno de los impulsores del gran pacto político que permitió abrir el proceso constituyente y defendió el cambio. Desde que es presidente —cargo desde el que no puede promover ninguna opción— ha asegurado que “es legítimo apoyar a cualquiera de las dos”.
Durante muchos meses, los sondeos locales daban por vencedora a la opción de dar el sí a la nueva constitución, que está enfocada en los derechos sociales, pero ahora las más importantes encuestas señalan una preferencia, cada vez mayor, a mantener la actual.
Los partidos de derecha se han agrupado para rechazar el nuevo texto y lo han calificado “partisano” e “indigenista”. Por su parte, desde la izquierda han decidido apoyar y animar a la ciudadanía a ratificar la nueva ley.
La propuesta comenzó a redactarse como la vía política para amainar una masiva ola de protestas por la igualdad que comenzó en 2019 y dejó una treintena de fallecidos y miles de heridos.