Narcotráfico en el Valle del Javarí: ¿cómo es la zona de Brasil donde desapareció un periodista?
La fuerte presencia del narcotráfico en esta zona fronteriza de Brasil, Perú y Colombia la convierte en una de las áreas más peligrosas de la Amazonía.
La desaparición de un periodista británico y de un indígena en el Valle de Javarí ha puesto el foco en esta remota área amazónica en la frontera de Brasil con Perú y Colombia, con fuerte presencia del narcotráfico ligado a otros delitos como la pesca ilegal.
El lugar donde fueron vistos por última vez Dom Phillips y Bruno Pereira, cuando navegaban por el río Itaquaí, la mañana del domingo 5, es próximo a la segunda mayor tierra indígena de Brasil, con una población de 6.300 personas de 26 pueblos, 19 de los cuales viven completamente aislados.
En los últimos años, la región ha sufrido un aumento de la criminalidad que, según fuentes consultadas por la AFP que trabajaron en la región, se debe a una fiscalización más laxa del Estado brasileño, aprovechada por el narcotráfico y por otras organizaciones ilegales de pesca, minería y caza.
Eso llevó al delegado de la policía en Amazonas, Eduardo Alexandre, a calificar el área como “bastante peligrosa”, al iniciar la búsqueda de los desaparecidos.
Área “privilegiada” para el tráfico ilícito
“El bosque, por su naturaleza, siempre fue un espacio privilegiado para el tráfico debido a que se puede camuflar la droga más fácilmente que en otros ambientes”, dijo Aiala Colares, geógrafo de la Universidad Federal de Pará e investigador especializado en la Amazonía en la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública.
En la inmensidad de la densa selva amazónica, los pueblos indígenas han enfrentado crecientes amenazas e invasiones de grupos criminales.
Narcotraficantes han apostado, desde la década de 1990, por las vías fluviales de la región para transportar droga, principalmente, cocaína de Perú y cannabis de tipo skunk y marihuana de Colombia, apuntó Colares.
El tráfico creció sustancialmente en la última década, dijo el experto, quien explicó que esa ruta termina abasteciendo al mercado brasileño o continúa hacia el exterior.
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Colares definió como “multidimensional” la acción de las bandas que operan allí, ya que mezclan tanto el tráfico de drogas como delitos ambientales como el contrabando de madera y la pesca ilegal.
La principal es Os Crias que surgió en 2021 como disidencia de la Familia do Norte, una de las mayores organizaciones de la Amazonía. La facción, oriunda de la región, domina la triple frontera de lado brasileño y las rutas del Javarí, añadió.
La desigualdad de las comunidades indígenas
Bárbara Arisi, antropóloga y profesora de la Vrije Universiteit de Ámsterdam, trabaja con pueblos del Javarí desde 2003. En esa línea, aseguró que constató un deterioro en la última década.
“Cada vez, más criminales, más organizados y armados, se aprovechan de la falta de estructura del Estado” en esa zona, dijo Arisi, quien destacó la penetración del narcotráfico en algunos pueblos indígenas, como los Tikuna.
“El narco ofrece a muchos jóvenes una vida que no tienen opción de alcanzar. Les ofrece dinero y muchos acaban convirtiéndose en mulas o informantes”, explicó la antropóloga.
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Por ejemplo, Atalaia do Norte, ciudad donde tenían su base Phillips y Pereira durante su expedición, tiene el tercer peor índice de desarrollo humano de todo Brasil entre más de 5.000 municipios, según el último censo.
Una historia de impunidad
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, asumió el cargo, en enero de 2019, con la promesa de desarrollar la Amazonía, un territorio, según sus palabras, ocupado por “indios pobres” en “tierras ricas”.
El mandatario cambió la dirección de la agencia gubernamental de asuntos indígenas y colocó a cargo a un pastor evangélico, acusado por activistas de ignorar los intereses que sirve.
La base de la Funai, ubicada sobre el río Itaquaí, fue atacada a tiros en varias ocasiones en los últimos años.
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El propio Pereira, quien como licenciado de la agencia ayudaba a indígenas a organizarse para defender el territorio, había sido amenazado por madereros, mineros y pescadores que intentaban invadir tierras protegidas.
“Lo que sucedió con Bruno y Dom es resultado de un crecimiento del crimen organizado que se explica por la ausencia del Estado”, dijo Antenor Vaz, jefe de la Funai en el Javarí.
Vaz se mostró pesimista sobre la posibilidad de que, a más de una semana de su desaparición, las autoridades no den con los responsables materiales e intelectuales del caso.
Recordó el asesinato a tiros en 2019 de Maxiel Pereira dos Santos, responsable de operaciones contra madereros y pescadores ilegales en la Funai. Tres años después, ningún sospechoso fue imputado.
“Cualquier ciudadano que levante la voz contra la ilegalidad está expuesto”, agregó.
