Este domingo, el Parlamento unicameral de la dictadura cubana, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP), en sesión extraordinaria, aprobó el nuevo Código Penal que anticipa sanciones de hasta tres años a quienes insulten a altos funcionarios públicos, así como también prohíbe el financiamiento externo de los medios.
Se aprobó el proyecto en una sesión en la que estuvieron presentes los dictadores Miguel-Díaz Canel y Raúl Castro. Según activistas y opositores, esta reforma silenciará la protesta social y el periodismo independiente.
Cabe señalar que el nuevo Código, que entrará en vigor dentro de 90 días cuando sea publicado en la Gaceta Oficial de la República, incluye 37 nuevos delitos como el de “desórdenes públicos” para penalizar “las alteraciones producidas en grupos o individualmente”.
Asimismo, incluye como delitos de “sedición” a quienes se manifiesten o realicen acciones de “desobediencia civil; propaganda contra el orden constitucional y el estado socialista; o difundan noticias falsas que pongan en peligro el prestigio del Estado Cubano”.
También criminaliza la participación en “actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones”. Prevé, además, sanciones de hasta 10 años de prisión a quien “apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros” de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para “sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.
Por su parte, René Gómez Manzano, presidente de la Corriente Agramontista, la organización más antigua de abogados opositores cubano, mostró su desacuerdo a la nueva norma. “El nuevo Código Penal es una nueva vuelta de tuerca del régimen para intensificar la represión contra los ciudadanos”, dijo a la agencia AFP.