El Gobierno del presidente Gabriel Boric anunció, este lunes 16 de mayo, un estado de excepción “acotado” en dos provincias del sur de Chile, una medida que durante meses criticó ferozmente. La disposición permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para tratar de apaciguar la creciente violencia en la zona del denominado “conflicto mapuche”.
“Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar seguridad a nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Biobío en la región de La Araucanía”, informó la ministra del Interior, Izkia Siches, en rueda de prensa.
En compañía de otros integrantes del Ejecutivo, Siches mencionó algunas razones, como la demanda de “restitución de tierra”, e indicó que se reactivará la tramitación del proyecto que crea el ministerio de Pueblos Indígenas.
“Retomaremos la vieja tradición de parlamentar entre el pueblo chileno y el mapuche (...). Para el impulso de estos encuentros, ya solicitamos el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas e iniciaremos en este mes de julio estos diálogos”, manifestó.
La ministra admitió: “Hemos tenido un aumento de lo actos de violencia en las rutas, hemos sido testigos de cobardes ataques (...), también hemos visto cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito”.
“Estos conflictos hacen más difícil la ejecución de proyectos de desarrollo, perpetuando condiciones de pobreza e inequidad”, añadió Siches.
La determinación del gabinete supone un giro en la visión que el propio Boric había esbozado: no aplicar la misma medida del exmandatario Sebastián Piñera en la zona sur de Chile.
En su momento, el presidente más joven en la historia de Chile manifestó que esta receta no era útil porque no había disminuido los hechos de violencia, recordaron medios locales.
En La Araucanía, el Biobío y otras regiones del sur existe hace décadas una disputa territorial que enfrenta al Estado, con algunas comunidades mapuches y empresas forestales de grandes grupos económicos que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
Con información de EFE