Policías fueron denunciados tras allanar un inmueble donde se ejercía prostitución clandestina

En marzo del año pasado, cuando en España aún había intensas restricciones de aforo debido a la pandemia de la COVID-19, cinco agentes y un subinspector de la Policía tuvieron que entrar a la fuerza a una vivienda ubicada en la calle Lagasca, en Madrid, luego de que varias personas que celebraban una fiesta se negaran a abrirles. Meses después, el hecho fue imputado como delito de allanamiento de morada por la Fiscalía Provincial de la capital española.

No obstante, en el documento que prepara la defensa de los oficiales y al que tuvo acceso el medio ABC, considera que no se concurrió en delito alguno debido a que en el inmueble se estaban incumpliendo las limitaciones de aforo y se estaban efectuando crímenes contra la libertad y la indemnidad sexuales. Y es que según los agentes, quienes acudieron al departamento debido a las denuncias de los vecinos por el fuerte ruido, en el lugar se ejercía la prostitución de alto nivel para los extranjeros que provenían de Medio Oriente.

Según la defensa, los efectivos policiales desconocían el delito, pero se percataron del mismo, tras ingresar a la vivienda y encontrar ‘indicios muy evidentes’. “Había camas deshechas, maletas abiertas, y la concurrencia de jóvenes señoritas con ciudadanos de Oriente Medio que aún no se ha explicado cómo entraron en España en plena pandemia”, se lee en la misiva.

En el inmueble se detuvo a nueve hombres: cuatro de Emiratos Árabes Unidos, uno de Arabia, tres españoles y un británico, que fue el que puso la denuncia contra la Policía. Asimismo, dentro del departamento se encontraban cinco mujeres, dos españolas, una india, una búlgara y una francesa que no fueron capturadas debido a que intentaban salir cuando aconteció el allanamiento.