Paraguay: Policía dispersa indígenas que protestan contra proyecto sobre ocupación de tierras

La Policía de Paraguay dispersó este miércoles 29 de septiembre a un grupo de manifestantes, identificados como integrantes de comunidades indígenas, quienes se encontraban concentrados frente al Congreso de ese país. Los representantes rechazan un proyecto de ley que castiga con hasta diez años de cárcel las invasiones y ocupaciones de tierras.

Los efectivos utilizaron carros de agua para ahuyentar a los manifestantes, que acampaban hace varios días frente al Legislativo. Durante los incidentes, se quemaron varios vehículos aparcados en la zona. Se espera que llegue la manifestación campesina convocada para seguir la sesión de hoy en la Cámara de Diputados. La semana pasada, los senadores ya habían dado visto bueno al proyecto.

Proyecto sanciona ocupación de tierras

El texto aprobado en la Cámara Alta sanciona como crimen la invasión de propiedades, eleva a seis años la pena por las invasiones y a diez años de cárcel en el caso de que ocasionen daños de bienes y patrimoniales.

Entre los opositores están los senadores del Frente Guasu, la mayor articulación de izquierda del país, quienes alegaron que este proyecto criminaliza la lucha campesina y el derecho a la tierra.

Las fuerzas de izquierda argumentan que la usurpación de tierras al campesinado y a los pueblos originarios es la causante de un éxodo que les condujo a las áreas urbanas, en asentamientos precarios y sin servicios básicos del Estado.

“Intento de criminalizar nuestros reclamos territoriales”

La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), conformada por 13 organizaciones originarias, rechazó el intento legislativo. “Creemos que nuestras garantías constitucionales corren peligro con este intento de criminalizar nuestros reclamos territoriales como pueblos indígenas, con quienes el Estado paraguayo tiene una deuda histórica”, indicaron en un comunicado.

Defensores del proyecto destacan respeto por la propiedad privada

Por otra parte, los defensores del proyecto, respaldado por el gobernante Partido Colorado, lo justifican desde el derecho a la propiedad privada y en el contexto de un incremento de las invasiones y ocupaciones de propiedades.

“Queremos endurecer las penas para proteger a la gente que quiere trabajar en paz en el campo”, dijo el senador oficialista Enrique Riera, uno de los propulsores del proyecto. “No se trata de perseguir a nadie. Da seguridad en áreas rurales y urbanas, y también protege a las comunidades indígenas”, indicó Fernando Zavala, del Partido Patria Querida.

Algunos medios informaron de cierres de rutas en algunos departamentos por parte de campesinos, pero sin registrarse hechos violentos.

Con información de EFE.