Un grupo de salvadoreños se manifestó en las calles en contra de la implementación del bitcoin como moneda de intercambio oficial en el país y, además, denunció persecución política contra personas críticas del Gobierno de Nayib Bukele, a quien tildaron de “fascista”. Las protestas sucedieron una semana antes de que El Salvador se convierta en el primer país del mundo en el que el bitcoin se inserte al mercado como moneda legal.
Concentrados en el Monumento a la Constitución en San Salvador, los jóvenes condenaron la detención de Mario Gómez, un especialista en informática y criptomonedas que está en contra del la incorporación de la criptomoneda.
Desde sus redes sociales, él advirtió sobre los posibles inconvenientes de este uso y en ocasiones ha sido invitado en medios de comunicación para comentar sobre el tema.
Su detención a tempranas horas del miércoles 1 de septiembre fue reportada por su madre, quien también denunció que un militar intentó llevarse la computadora de su hijo; no obstante, casi al mediodía fue liberado.
“Ni Mario ni ninguna persona detenida arbitrariamente está sola. Nos declaramos en alerta y en disposición de acuerpar a nuestros compañeros. ¡Por Mario, no al bitcóin!”, sentenciaba un comunicado leído durante la actividad.
Si bien Bukele ha promocionado la política como una forma de facilitar los pagos de remesa de sus connacionales en el extranjero, agentes internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) aún no tienen una decisión favorable al respecto.
Los motivos por los cuales diversos sectores señalaron que el uso del bitcoin como moneda de curso legal no es factible son varios.
Por un lado, los opositores apuntaron que la ley entrará en vigor sin que se cuente con programas de educación financiera para los ciudadanos y orientación para su uso. En otro punto, advirtieron que la gran volatilidad de la moneda digital generará mayor incertidumbre en la población centroamericana, que no sabrá cuánto valdrán sus ahorros en el futuro cercano.
Asimismo, a otros mostraron preocupación respecto a que el bitcoin sea utilizado para el lavado de dinero entre las instituciones del país. La desconfianza hacia el Gobierno de Bukele tiene raíz en su acaparación de las instituciones en El Salvador, desde las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo hasta el Legislativo y la Corte Suprema.
De acuerdo con un sondeo universitario, la adopción de esta medida en el país ha sido considerada como una decisión poco o nada acertada por el 77,5% de la población.