El próximo domingo 1 de agosto se llevará a cabo en México una polémica consulta popular impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que busca enjuiciar a los expresidentes del “periodo neoliberal”.
Este mecanismo directo de participación ciudadana supone la primera vez que se utiliza la Ley Federal de Consulta Popular y ha desatado algunas críticas por parte de opositores, que la tachan de propaganda o de poner en manos del pueblo un tema judicial.
López Obrador pretende recabar con esta consulta si los electores desean indagar a sus predecesores: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Pero aunque la pregunta original mencionaba por nombre a los expresidentes y pedía indagar la “presunta comisión de delitos”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) matizó la pregunta en una polarizada votación en octubre pasado.
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”, será finalmente la pregunta.
Por muy enrevesada que parezca la cuestión, la respuesta será de “sí” o “no”.
El Instituto Nacional Electoral (INE) instalará 57.000 mesas de votación con un presupuesto de 522 millones de pesos (unos 26,1 millones de dólares), obtenidos de ahorros del propio ente electoral.
La supuesta falta de recursos para llevar a cabo la consulta ha generado algunas críticas oficialistas y de grupos afines, que en su mayoría hubieran preferido que se llevara a cabo el 6 de junio, mismo día en que tuvieron lugar las elecciones intermedias con 163.000 mesas instaladas.
Le corresponde al Consejo General del INE realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de resultados y validez de la consulta popular. Además, informará a la SCJN.
Los resultados serán vinculatorios para los poderes Legislativo y Ejecutivo federales cuando el INE indique que la participación total sea de, al menos, el 40% de los 93,6 millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores. Alrededor de 37,5 millones de votantes.
El conteo rápido y de los cómputos distritales se efectuarán desde la misma noche de la jornada del 1 de agosto, conforme vayan llegando los paquetes a las 300 Juntas Distritales del INE, por lo que se espera conocer los resultados ese mismo día.
López Obrador ha jugado al gato y al ratón. Si bien ha apoyado la consulta desde un primer momento apelando a la voluntad popular y como ejemplo de su lucha contra la corrupción, ha criticado que la pregunta sea “poco clara” por no citar a los expresidentes.
Este mismo 22 de julio, el mandatario criticó la supuesta falta de difusión de la consulta por parte del INE, y dio otra vez muestras de su ambiguo punto de vista: “No voy a participar, pero aunque parezca contradictorio, sí considero que los ciudadanos, todos, deben participar”.
Y recordó que su “fuerte no es la venganza”.