La Fiscalía boliviana presentó el martes 27 de julio una pericia que concluye que “no hubo manipulación” de los resultados en los comicios anulados en 2019 y el cierre del caso llamado “fraude electoral”, al considerar que “no constituye delito”.
La pericia de Seguridad Informática y Administración de Redes detectó “deficiencias e incidencias que no suponía riesgo para la integridad del proceso electoral” y “no se advierten manipulación de los votos”, señala la principal conclusión leída por el fiscal general Juan Lanchipa durante un pronunciamiento en La Paz.
Este estudio fue encargado el pasado 15 de abril al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, que desarrolló la investigación por más de tres meses y que derivó en un informe de 230 páginas, aseguró el fiscal general en una comparecencia en la que no aceptó preguntas.
Esa valoración establece al menos cinco conclusiones específicas relacionadas con la independencia de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) respecto al cómputo oficial, el análisis de conexiones, la integridad de los datos, inconsistencias en la base de datos y análisis de conexiones y diferencias de funciones entre servidores.
Justamente, durante la jornada electoral del 20 de octubre, una paralización del TREP que duró casi 24 horas cuando existía un 83% de los resultados generó la desconfianza en los comicios.
En medio hubo un cambio de tendencia que daba una victoria más amplia al entonces presidente Evo Morales sobre su contendiente, el expresidente Carlos Mesa, y descartaba una posible segunda vuelta. Así, emergieron las primeras acusaciones de fraude.
“Se han encontrado negligencias por parte de la empresa Neotec, encargada del sistema TREP; sin embargo, se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos, que prueben la manipulación” de los resultados, mencionó Lanchipa.
A pesar de que “se detectaron usuarios no identificados con rol de administrador y capacidad de accesos”, es “altamente improbable” que esto haya implicado una manipulación, ya que hubiese sido necesario un “equipo coordinado”. De haberse dado, es “imposible” que haya pasado desapercibido, complementó el fiscal general.
La pericia presentada por la Fiscalía se opone a los resultados de la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), que detectó irregularidades “muy graves”, como la manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados, por lo que recomendó nuevas elecciones.
Tras el informe de la OEA, que se conoció la madrugada del 10 de noviembre de 2019, la crisis que afrontaba Bolivia aumentó con los pedidos para que Morales renunciara, quien terminó dimitiendo a la Presidencia, en medio de acusaciones suyas de un supuesto “golpe de Estado”.
Aquel día, con base en el informe de la OEA, el fiscal general Juan Lanchipa anunció las aprehensiones de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y varios vocales departamentales, varios de ellos encarcelados, aunque poco a poco fueron recuperando su libertad.
El Gobierno del presidente Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), ha sostenido que no hubo fraude electoral en aquellos comicios y que en realidad lo que se produjo fue una “ruptura del orden constitucional” a raíz de un “golpe de Estado”.
Con información de EFE