El personal médico de una posta médica en la ciudad de Santiago del Estero, en Argentina, negó la interrupción legal del embarazo (ILE) a una niña de 12 años que fue abusada sexualmente y quedó embarazada.
La víctima identificada como María (nombre ficticio) sufrió violencia sexual desde pequeña, según el sistema de protección de niñez. Desde que tenía 3 años, en 2011, y luego en 2013 y 2017, la mayor parte de su vida pasó en instituciones alejada de su familia.
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Actualmente, vive con su mamá, su padrastro, y dos hermanitos de 8 y 6 años en condiciones de hacinamiento en una habitación que alquilan en un barrio humilde en La Banda, según Infobae.
La niña llegó con su madre el 2 de abril a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N°3 del barrio Villa Griselda, quejándose de dolores abdominales. La revisaron y le mandaron a hacerse una ecografía a otro centro, ya que ahí no tenían ecógrafo.
“Ese día confirmaron un embarazo de aproximadamente 20 semanas, entonces la niña, con su madre, regresaron a la UPA del barrio Villa Griselda, pero nunca les brindaron consejería en derechos sexuales y reproductivos garantizados por ley”, contó Marianella, una militante feminista que sigue el caso.
La Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N°3 del barrio Villa Griselda.
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Ante los resultados, la médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA N°3, demoró casi tres semanas en informar al Ministerio de Salud sobre el embarazo de María, con una gestación de 26 semanas. Es decir, la profesional de la salud informó una edad gestacional distinta, agregándole seis semanas.
Además, refirió que la niña de 13 años “confesó haber estado de novia con un joven, y ahora ya no, negando la identidad del mismo”. Y más adelante, detalló: “Con antecedente de transgresión alimentaria, se indica dieta y seguimiento, programándose control obstétrico”. Es decir, se la trató como a una mujer embarazada, cuando es una menor.
“La niña tenía 20 semanas de embarazo y le dicen 26. No se da aviso al Ministerio de Salud, ni a la Dirección de Infancia que tiene que intervenir, porque hay una niña abusada, y tampoco se hace la denuncia en la Comisaría del Menor y la mujer”, explicó Marisa Graham, defensora nacional de Niñas, Niños y Adolescentes.
En Argentina, las interrupciones voluntarias de embarazos son legales.
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En Santiago del Estero, en Argentina, no se aplica un protocolo de atención de los casos de abortos legales en el Código Penal desde 1921. Lo que ocurre en muchos casos es que los médicos que trabajan en el sector público lo impiden, mintiendo sobre el tiempo de embarazado de las niñas y postergando la notificación a las autoridades.
De esta manera, consiguen que la gestación sea cada vez más avanzada, y no quede alternativa que continuarla. Tal y como ocurrió en el caso de María.