En Filipinas ordenan incinerar a los fallecidos por COVID-19 en un plazo máximo de 12 horas

Luego de conocer que una morgue de un hospital en Filipinas colapsara con cuerpos de personas que murieron por coronavirus, el Gobierno de ese país impuso a los centros de salud un plazo máximo de 12 horas para incinerar a cada fallecido.

“Tenemos que atenernos a esta normativa”, ha explicado el funcionario Karlo Nograles, tras las denuncias del Centro Médico East Avenue de la capital, Manila, uno de los principales hospitales en la respuesta contra la enfermedad.

En esa oportunidad, el doctor y portavoz Dennis Ordona, explicó a CNN en Filipinas que la morgue albergaba a 20 muertos cuando solo tenía capacidad para cinco.

Hasta la fecha, el coronavirus ha dejado un total de 4.648 contagios en el país asiático, 220 de ellos en las últimas horas. También se han registrado 50 fallecidos más y la cifra se elevó a 297 en todo el país.

La isla de Luzón, donde se encuentra la capital y viven 57 millones de personas, se encuentra bajo confinamiento hasta el próximo 30 de abril.

Presidente de Filipinas ordenó “disparar a matar” a quienes incumplan cuarentena

El pasado 2 de abril, Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, fue noticia luego de exhortar a las fuerzas del orden de ese país a abrir fuego contra cualquier persona que incumpla el aislamiento social a raíz de la pandemia del coronavirus.

Luego que el mandatario filipino obtuviera “poderes especiales” de manos del Parlamento para lidiar con la crisis de la COVID-19, las medidas de restricción domiciliaria se han endurecido a picos verdaderamente peligrosos en Filipinas.

“No dudo. Mis órdenes son para la Policía y el Ejército. Si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar”, afirmó Duterte en un mensaje por televisión.

Filipinas ha puesto en marcha una ley que aprovisiona 18 millones de hogares desprotegidos durante la cuarentena del coronavirus con un presupuesto de hasta 200 000 millones de pesos (4.000 millones de dólares). Sin embargo, el gobierno ha demorado en la elaboración de los patrones de registro y la población ha manifestado su desconfianza.