Presos en situación de riesgo por el coronavirus podrían salir de la cárcel

La población carcelaria en Argentina no ha sido dejada de lado frente a la pandemia del coronavirus. Las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) consideraron realizar una lista donde incluirán a los grupos vulnerables para que cumplan con su pena bajo la detención domiciliaria.

La información brindada por la institución correccional será enviada a los jueces que analizarán los casos y dependerá de ellos que se aplique la medida alternativa de detención. Los directivos de los 35 penales federales de Argentina tendrán 96 horas para presentar un informe sobre los detenidos que están en situación en riesgo, informó Infobae.

Las cárceles tienen una sobrepoblación del 10 por ciento y el grupo de riesgo frente al COVID-19 sería entre 1000 y 1200 presos, informó una fuente penitenciaria que trabaja en el tema.

La resolución señala que “en el término de 96 horas” los responsables de cada correccional deberán arbitrar los medios que resulten necesarios para que los responsables del Área de Sanidad, de cada establecimiento penitenciario, elaboren y confeccionen un pormenorizado informe en relación a los internos pertenecientes al colectivo de pacientes vulnerables –de acuerdo a las categorías de grupos-, que pudieran presentar sintomatologías graves ante el eventual contagio e infección del coronavirus”.

Entre el grupo vulnerable se consideró a los mayores de 65 años, mujeres embarazadas, pacientes portadores de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC); con males diabéticos insulinorequirientes; inmunosuprimidos (HIV, TBC en tratamiento, Hepatitis B y C en tratamiento. Además, se incluye afecciones con procesos oncológicos o bajo corticoterapia, quimioterápico, con enfermedades autoinmunes); con insuficiencia cardíaca y renal crónica.

Las autoridades indicaron que entre el grupo mayor de 65 años se encuentran muchos prisioneros condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. Además, se registran exfuncionarios, empresarios y acusados de delitos de crimen organizado.

Los convictos que sean beneficiados con el arresto domiciliario tendrán una pulsera electrónica o serán internados en un hospital dependiendo de su condición de salud. Los jueces evaluarán caso por caso y determinarán la mejor alternativa.