El polémico proyecto de ley que limita el periodismo de investigación en casos de corrupción

En Argentina, cinco senadoras cercanas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner han firmado un polémico proyecto de ley que propone un “control de convencionalidad” para las prisiones preventivas que anula las detenciones cuando el acusado se sienta involucrado en una serie de supuestos, entre los cuales está la “difusión en los medios” cuando se trate de las acusaciones en su contra.

Según reseña el Diario El Clarín en su portal web, la ley solo beneficiará a los acusados por corrupción y no al gran número de presos sin condena que están en las cárceles argentinas.

El polémico texto advierte "será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva” de las personas que no hayan estado sujetas al control del cumplimiento de los estándares establecidos por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.

Según describe la web informativa Los Andes, el ejemplo más peligroso -y directamente alarmante para la libertad de expresión- es el primer motivo de nulidad que proponen las senadoras K: “La publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.

Esto significaría que si los periodistas informan sobre una causa de corrupción y un juez le dicta al acusado la prisión preventiva -aún bajo las estrictas condiciones que rigen hoy-, esa persona puede exigir que lo liberen.

También podrán exigir la nulidad de las preventivas quienes crean que hubo una “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido o de un arrepentido”, y los que sospechen sobre “deficiencias en el respeto a las garantías del juez natural por razones intromisión en la asignación de competencias, de designaciones o direccionamiento en los sorteos de jueces”, de acuerdo a El Clarín.

En tanto, también se le niega la posibilidad de apelar los fallos que hagan lugar a las nulidades de las preventivas.

Según los entendidos, la ley solo beneficiaría a los acusados por corrupción, y no a los miles de presos sin condena que están en las cárceles argentinas.

Hasta la fecha no hay indicación para tratar el proyecto.