
Aunque la agroexportación es un motor clave para la economía peruana y conecta a miles de productores con mercados internacionales, persisten brechas que limitan el desarrollo de muchas familias rurales.
Un estudio de BID Invest y Danper encontró que el 25% de los agricultores de su cadena de suministro vive en pobreza multidimensional, por debajo del promedio observado en zonas rurales comparables. No obstante, el análisis detectó que las principales carencias siguen concentrándose en acceso a agua, saneamiento, salud y otros servicios básicos.
El informe también identifica resultados más favorables que los observados en otras zonas rurales del país. La incidencia de pobreza multidimensional entre los agricultores evaluados es menor que la registrada en áreas rurales comparables de la costa y sierra peruana, lo que, según los investigadores, evidencia el valor de ampliar el acceso de pequeños productores a mercados, financiamiento y asistencia técnica.
Las mayores privaciones identificadas por el estudio están relacionadas con el acceso a servicios básicos. El 42% de los agricultores evaluados no cuenta con conexión a una red pública de desagüe y el 29% no tiene acceso a agua dentro de la vivienda. Además, el 27% reside en viviendas construidas con materiales considerados precarios.
Estas carencias muestran la brecha que continúa afectando a buena parte de las zonas rurales del país, incluso en territorios vinculados a actividades exportadoras. El informe también señala que el problema trasciende el ámbito doméstico y repercute directamente en la producción agrícola.
De hecho, el 32% de los agricultores identificó la falta de agua como la principal barrera para el desarrollo de su actividad económica, lo que la convierte en el obstáculo más mencionado entre todos los factores evaluados.
Los autores del estudio sostienen que reducir estas brechas requiere inversiones de gran escala en infraestructura rural, particularmente en saneamiento y acceso a servicios básicos. También advierten que este tipo de limitaciones no puede resolverse únicamente por el sector privado, sino que demanda una mayor participación del Estado y mecanismos de colaboración público-privada.
Las mayores privaciones identificadas no están relacionadas con la producción agrícola, sino con servicios básicos e infraestructura que siguen limitando el desarrollo rural.
Otra de las conclusiones relevantes del estudio es que las dificultades económicas no siempre se encuentran en el agricultor principal, sino en el entorno familiar que depende de la actividad agrícola.
Según los resultados, en el 35% de los hogares más de la mitad de las personas en edad de trabajar está desempleada. Asimismo, el 28% presenta situaciones de empleo precario, ya sea por ausencia de remuneración adecuada o por formas de trabajo que no generan ingresos suficientes.
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Por un lado, el factor educativo es alarmante, ya que el 28% de los productores no logró terminar la secundaria y el 19% ni siquiera completó la primaria. Esto no es solo un tema de formación, sino una barrera en la práctica que les dificulta adoptar nuevas tecnologías, administrar adecuadamente sus negocios o reaccionar a tiempo cuando el mercado cambia las reglas de juego.
A esto se suma que la salud rural sigue en deuda, pues tres de cada 10 agricultores confesaron que algún miembro de su hogar se quedó sin recibir atención médica cuando la necesitaba debido a la dificultad para acceder a estos servicios. Lo más preocupante es que esta realidad persiste incluso entre quienes tienen seguro, lo que demuestra que un carné de afiliación sirve de poco si se vive en zonas alejadas donde la atención médica simplemente no llega de forma efectiva.
Todos estos hallazgos demuestran que el desarrollo rural no se resuelve solo con lograr que el campo genere más ingresos, sino que la verdadera prioridad debe ser cerrar esas brechas en servicios básicos, educación e infraestructura que aún limitan el potencial de gran parte del país.





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