
A tres meses de terminar su mandato, el presidente José María Balcázar anunció que su gestión podría destrabar el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP), concebido como una obra clave para masificar el uso del gas natural hacia el sur del país, con un trazado que debía conectar Cusco con Apurímac, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna.
El mandatario recordó que la paralización se dio tras el escándalo del caso Odebrecht y que en este momento está sometido a un proceso judicial internacional, pero que a su juicio el megaproyecto puede continuar.
“Yo analizando, como abogado, pese al problema del arbitraje (de la obra) puede seguir su curso, no tiene por qué paralizarse”, dijo el mandatario en entrevista con Exitosa.
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Tras este abandono mencionó que “estamos pagando una millonada para que se custodien los tubos que están en la intemperie”.
Consultado sobre si convocaría una nueva licitación para reactivar el proyecto, Balcázar mencionó que “eso lo verá el ministro de Energía y Minas (Waldir Ayasta)” pero que la decisión política es que continúe inmediatamente la obra.
“Estamos celebrando varios convenios muy importantes para el sur del Perú y probablemente esta semana estamos destrabando el Gasoducto Sur. Con esas obras que estamos haciendo y la Carretera Central (…) estamos cumpliendo con el mandato que nos dio el Congreso”, aseveró.
En esa línea, el presidente también se refirió al caso de Transportadora de Gas del Perú (TGP) y a las investigaciones por la rotura del ducto.“El Perú no tiene ningún tipo de responsabilidad. Se tendrá que seguir el curso de las investigaciones pertinentes”, afirmó.
Asimismo, cuestionó la gestión de la empresa. “No es posible que la empresa haya hecho un solo tubo. Para mí es una negligencia, desde el punto de vista empresarial y gerencial, inaudita. Esperemos que se determinen responsabilidades para tomar decisiones”, agregó.
Como se recuerda, el incidente ocurrido el 1 de marzo evidenció la vulnerabilidad energética del país. Al depender de un único ducto, el Gobierno se vio obligado a racionar el gas natural, lo que generó importantes pérdidas económicas en distintos sectores.
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El Gasoducto Sur Peruano, proyecto diseñado para transportar gas natural de Cusco hasta las regiones del sur del país, fue adjudicada en 2014 al consorcio liderado por Odebrecht y Enagás. Esto generó grandes expectativas, pues se trataba de una inversión público-privada de más de US$7.300 millones que no implicaba gasto directo para el Estado.
Sin embargo, el escándalo de Lava Jato golpeó al proyecto. Odebrecht perdió acceso al financiamiento, y en 2017 el contrato fue cancelado, dejando la obra con un avance de apenas 37%. Desde entonces, el Estado asumió el costo de supervisión y mantenimiento de los ductos, que ronda los US$45 millones anuales. La reciente deflagración en el ducto de Camisea, en Megantoni (Cusco), ha reactivado el debate sobre la urgencia de retomar la agenda energética y definir el futuro del GSP.





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