Sectores de construcción, agroexportación y transporte se ven afectadas ante restricción del gas natural

Tras la deflagración ocurrida en el gasoducto de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), en Megantoni (Cusco), y la posterior implementación de medidas por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem) que restringen el uso de gas natural, uno de las principales preocupación del sector empresarial gira en torno al incremento de sus gastos operativos.

Uno de los sectores más golpeados es el transporte. La declaratoria de emergencia estableció un mecanismo de racionamiento que excluye del suministro prioritario a vehículos livianos como taxis, mototaxis y unidades de carga, reservándolo únicamente para hogares, comercios y transporte público masivo. Como consecuencia, se han registrado largas filas de vehículos en diversos grifos del país para abastecerse de GNV, lo que podría marcar el inicio de una crisis en el combustible. 

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Cerca de 350.000 vehículos en el país utilizan GNV cada mes

 Para Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), este escenario era un riesgo latente que finalmente se concretó. Recordó que cerca de 350.000 vehículos en el país utilizan GNV cada mes, principalmente taxis y autos particulares, y que con la restricción deberán migrar hacia combustibles más costosos, como la gasolina. 

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 En ese contexto, advirtió que quienes opten por otras alternativas no solo afrontarán un mayor gasto, sino que además estos combustibles también vienen registrando incrementos de precio, como es el caso del GLP. “El impacto es significativo: el gas natural es 70% más económico que la gasolina y 55% más económico que el GLP, además de generar menores costos de mantenimiento y ser más limpio”, precisó Morisaki. 

Asimismo, subrayó que esta situación pone en evidencia el riesgo de depender de un único ducto para el suministro energético a nivel nacional. “No existen políticas públicas orientadas a la masificación del gas natural, ni a impulsar su exploración y explotación, lo cual constituye una deficiencia constante”, apuntó. 

Por su parte, la Asociación Nacional de Transportes Terrestres de Carga (Anatec) manifestó mediante un comunicado la urgencia de incluir a los transportistas de carga dentro del grupo prioritario. De no hacerlo, advirtieron, se generaría un serio problema para sectores productivos como la agricultura, la salud y la minería, que no pueden detener sus operaciones. Además, señalaron que el transporte de gas se realiza en camiones que también requieren gas natural, por lo que resulta necesario considerar a las empresas encargadas de su distribución. 

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Energía eléctrica utilizada en las plantas de procesamiento, lo que finalmente se trasladará al consumidor

 Desde el sector exportador, Mario Salazar, presidente del Comité de Agroindustrias de la Asociación de Exportadores (ADEX), alertó que la migración al petróleo provocará un fuerte incremento en el costo de la energía eléctrica utilizada en las plantas de procesamiento, lo que finalmente se trasladará al consumidor.

Salazar añadió que el aumento de costos reduce la competitividad y los márgenes de ganancia, e incluso podría generar pérdidas. En ese escenario, el pequeño agricultor también se vería perjudicado, ya que las plantas procesadoras podrían cerrar temporalmente y dejar de comprar su producción.

Además, sostuvo a La República que, sumado a las interrupciones en carreteras por el fenómeno de El Niño Costero, esta restricción impulsaría un alza en los combustibles, en los fletes y, en consecuencia, en los precios de los alimentos.

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 En el sector construcción, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) solicitó ser incluida entre los sectores prioritarios para el suministro de gas natural, advirtiendo que, de no hacerlo, se pondría en riesgo la continuidad de las obras. 

 El gerente general de Capeco, Jorge Arévalo, explicó a este diario que la paralización afectaría a empresas proveedoras de bienes esenciales como cemento, ladrillos y prefabricados, cuya matriz energética depende del gas natural. Esto obligaría a recurrir a alternativas como el diésel. Señaló que ya existen reportes de plantas sin abastecimiento, lo que ha generado afectaciones en la producción y el despacho de materiales. 

Una interrupción prolongada podría derivar en riesgos como la exposición de estructuras inconclusas, que representan un peligro para los transeúntes, el deterioro de materiales, pérdida de eficiencia y mayores sobrecostos para los nuevos propietarios de viviendas. También advirtió sobre riesgos laborales y pérdida de empleos por la suspensión de actividades, lo que retrasaría la provisión de servicios públicos esenciales.  

1.000 empresas paralizan sus operaciones

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El sector industrial también enfrenta serias consecuencias. Según Alejandro Daly, director de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), alrededor de 1.000 empresas que hace más de dos décadas cambiaron su matriz energética de petróleo a gas natural se encuentran afectadas por la paralización. 

Daly señaló que las compañías están asumiendo pérdidas significativas, aunque descartó, por el momento, un desabastecimiento de productos básicos, ya que muchas cuentan con reservas para afrontar emergencias de este tipo. No obstante, precisó que sectores como el químico, cerámico, cementero, alimentario y textil registran impactos importantes en sus costos. 

 Asimismo, indicó que mantienen conversaciones con el Gobierno para que, mediante un decreto, se autorice de manera excepcional y temporal el uso de otras fuentes de energía como el GLP o el diésel mientras dure la emergencia. “Naturalmente es una solución temporal, pero yo diría que es prácticamente inevitable; es una solución muy costosa, pero mucho más costoso es tener que parar la producción”, concluyó.