CCL: Restricción de GNV impactaría en la inflación en marzo y abril

La crisis generada por la ruptura del ducto de Camisea ha impactado a diversos sectores de la economía peruana, tras el racionamiento de gas natural dispuesto por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la reciente restricción en el suministro de Gas Natural Vehicular (GNV) generaría presión inflacionaria durante marzo y, de mantenerse esta situación, los precios podrían continuar al alza en abril.

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Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL, explicó que el GNV es uno de los combustibles más económicos y de uso extendido en el transporte público, servicios de delivery, flotas de carga e incluso en algunos procesos industriales.

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Ante la menor oferta, muchos usuarios se ven obligados a sustituirlo por combustibles más caros, lo que incrementa los costos operativos de empresas y servicios de transporte.

“Esto impactaría potencialmente en el 60 % de los bienes y servicios que componen la canasta de consumo de Lima Metropolitana y en los ingresos de miles de familias peruanas”, advirtió.

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De confirmarse este escenario, la inflación del primer trimestre podría ubicarse cerca del 2 %, considerando que el rango meta superior anual es de 3 %, según el Banco Central de Reserva (BCR). Esta cifra superaría el acumulado registrado en el mismo periodo de 2025, que fue de 0,91 %.

No obstante, Chávez sostuvo que, al tratarse de un fenómeno de corto plazo, el BCR no debería modificar su política monetaria.

“El Perú necesita seguridad energética, planificación y capacidad de respuesta frente a contingencias. Las empresas, los trabajadores y millones de ciudadanos no pueden quedar expuestos a interrupciones que afectan directamente su trabajo y su sustento”, señaló.

En esa línea, Haydee Injante, abogada tributaria especializada en planeamiento fiscal y gestión financiera empresarial, indicó que se proyecta un incremento promedio de entre 30 % y 50 % en los costos diarios para taxis y servicios por aplicativos.

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En el caso del transporte urbano, el aumento oscilaría entre 20 % y 35 %, mientras que para empresas de reparto (delivery) y logística urbana el incremento sería de entre 15 % y 30 %. Por su parte, las empresas con flotas de transporte enfrentarían alzas de entre 20 % y 40 %.

Impacto en la industria manufacturera

La especialista también advirtió que la crisis impactará directamente en la industria manufacturera. Sectores como las fábricas de cemento, vidrio, cerámica e incluso la industria alimentaria utilizan gas natural para alimentar hornos y calderos.

Injante explicó que, a diferencia de un vehículo, muchas de estas plantas no pueden adaptar sus maquinarias a otro combustible en el corto plazo.

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En paralelo, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) aprobó medidas excepcionales para que algunas industrias puedan migrar temporalmente del gas natural a combustibles alternativos, como GLP o diésel, siempre que cuenten con las condiciones técnicas y de seguridad necesarias.

Esta medida había sido solicitada previamente por el sector industrial para evitar la paralización de operaciones. Sin embargo, no todas las empresas cuentan con la infraestructura necesaria para realizar este cambio de inmediato, por lo que algunas continuarían enfrentando restricciones en su producción, como ya viene ocurriendo, según indicó Alejandro Daly, director de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Según la especialista, estas limitaciones también podrían generar consecuencias contractuales, debido a la imposibilidad de abastecer o cumplir con pedidos previamente acordados con terceros.

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De esta manera, advirtió que no se trata únicamente de un problema energético, sino de una situación que terminará impactando en distintos niveles de la economía, desde pequeños operadores como taxistas hasta grandes industrias manufactureras.

Consumidores poco protegidos

Asimismo, explicó que los consumidores se encuentran relativamente poco protegidos, ya que ante una alta demanda y una menor disponibilidad de productos muchas veces no tendrán otra opción que pagar los precios que se les exijan, siempre que su capacidad económica se los permita.

No obstante, consideró que debería existir una política de regulación que se active de manera efectiva cuando ocurran situaciones de este tipo. “No creería que los precios se vean impactados de manera inmediata, porque en nuestra economía estos efectos suelen aparecer con un retraso promedio de dos o tres semanas”, apuntó.

Esta situación se agrava por la alta informalidad en los espacios de comercialización, donde la supervisión del Estado es reducida, por lo que el sobrecosto terminaría siendo asumido por las familias.