Senadora de JP sobre gobierno de Keiko Fujimori: "No hay legitimidad sin memoria ni justicia"

Tras la reciente proclamación de los resultados de la segunda vuelta, la senadora electa de Juntos por el Perú (JP), Silvana Robles Araujo, cuestionó la legitimidad del próximo gobierno fujimorista.

A través de sus redes oficiales, la parlamentaria señaló que el proceso electoral no blinda a las autoridades de responder por sus antecedentes políticos.

"Ningún acto formal puede otorgar legitimidad democrática a un proyecto que reivindica la corrupción, el autoritarismo y las graves violaciones a los derechos humanos".

La legisladora también cuestionó a Keiko Fujimori por no deslindarse del legado de su padre, Alberto Fujimori. En esa línea, Robles indicó que la labor de gobernar trasciende los resultados electorales.

"Gobernar exige mucho más que una proclamación oficial: exige construir legitimidad mediante el respeto irrestricto a la democracia, a los derechos humanos y a las instituciones de la República".

Ante este escenario, la futura senadora anunció que su gestión parlamentaria se caracterizará por una oposición "firme, democrática y vigilante".

Robles se comprometió a fiscalizar las decisiones del nuevo gobierno y a proteger los derechos de los sectores más vulnerables, incluidas las mujeres y los pueblos indígenas.

Roberto Sánchez condiciona diálogo con Keiko Fujimori

Roberto Sánchez condicionó la posibilidad de diálogo con Keiko Fujimori al cumplimiento de tres demandas clave: la libertad del expresidente Pedro Castillo, una investigación sobre las muertes en las protestas del sur y la derogación de las leyes pro crimen.

Aunque Sánchez indicó que su organización mantiene una postura abierta al debate político, precisó que existe desconfianza hacia la gestión que iniciará Fujimori.

“Este gobierno nace con rechazo social en la mayoría del territorio patrio y con ilegitimidad”, señaló vía Latina.

Además, el líder de Juntos por el Perú también manifestó haber interpuesto una medida cautelar ante la CIDH por haber “causado la nulidad del proceso de elecciones en el exterior al cambiar la normativa”.