Se cae intento del Gobierno de favorecer a grandes agroexportadoras con subsidio de S/2.000 millones

El Pleno del Congreso aprobó por 80 votos a favor el texto sustitutorio que delega facultades al Poder Ejecutivo por 60 días calendario. El encargo incluye normas en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada y crecimiento económico.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Arturo Alegría García (Fuerza Popular), señaló que se aprobaron 49 de las 58 solicitudes planteadas por el Gobierno, lo que representa el 84% del pedido.

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Sin embargo, el dictamen final excluyó por completo una propuesta del Gobierno que había pasado de "contrabando" en favor de las agroexportadoras dentro del pedido de facultades. Se trata de la creación del Certificado de Aporte para la Promoción Agraria (CAPA), un beneficio que, como informó este diario en una nota previa, costaría cerca de S/2.000 millones al año y profundizaría la concentración de tierras agrícolas en manos de grandes conglomerados.

Ojos vigilantes

En la lectura del exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros, debe haber ojos vigilantes frente a un posible nuevo intento por concretar esta norma.

"Por la bulla mediática decidieron dar marcha atrás, pero aquí hay un lobby agroexportador. Creo que va a ocurrir lo mismo que con la ley Chlimper 2.0: buscarán el momento ideal, quizá justo antes de las elecciones o cuando el Gobierno esté por terminar. Incluso podrían hacerlo vía una iniciativa congresal", indicó a La República.

Recordó que, al igual que la nueva ley agraria aprobada este año —que redujo el Impuesto a la Renta (IR) de 29,5% a 15% para los agroexportadores y que tendrá un costo fiscal de S/1.850 millones anuales—, dicha norma se fue construyendo voto a voto, pues no alcanzaba los respaldos necesarios. Lo mismo podría ocurrir con la medida del CAPA. "Como pasó con esa ley, es probable que tampoco hayan tenido los votos”, indicó.

Qué buscaba el CAPA

El Gobierno había incluido en su pedido de facultades la creación del CAPA, un certificado que se otorgaría a las empresas agrarias por pagar principalmente el Bono Beta, un pago obligatorio equivalente al 30% del sueldo mínimo, y también por su aporte al Senati.

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Ese certificado funcionaría como un vale para descontar su valor en las subastas de tierras del Estado. El mecanismo permitiría que empresas agroexportadoras, ya boyantes, paguen menos por terrenos públicos habilitados con recursos de todos los contribuyentes.

Aunque el Gobierno sostuvo que la medida "no genera gasto fiscal" porque reconoce “aportes ya realizados” y que busca habilitar más de 10.000 hectáreas productivas, el CAPA implicaría que el Estado renuncie a recaudar cerca de S/2.000 millones al año, según cálculos que hizo para este diario el exviceministro de Empleo Fernando Cuadros.

Este monto proviene de lo que las agroexportadoras pagan por el Bono Beta y al Senati para una masa laboral formal que supera los 400.000 trabajadores. Solo esos dos conceptos suman entre S/1.600 y S/1.700 millones cada año, con una tendencia al alza debido al crecimiento continuo del rubro.

La medida beneficiaría exclusivamente a grandes conglomerados agroexportadores, que concentran el 92% de los ingresos del sector, más del 90% del empleo formal, 50% del total del empleo en apenas 18 empresas

Dado que quienes participan en subastas de tierras estatales son justamente las empresas con más capital, el CAPA habría profundizado la concentración de terrenos agrícolas. “Las Mypes no tienen capacidad para competir en esas subastas. Esto hará que las grandes empresas sigan concentrando tierras”, advirtió Cuadros.

El bono ya fue absorbido

Las críticas de los exministros de Economía Pedro Francke y Waldo Mendoza señalan que el Bono Beta ya fue “absorbido” por las empresas mediante reducciones en otros componentes salariales; es decir, “no hay nada que compensar”.

Entre 2018 y 2024, el salario real promedio de los trabajadores del sector cayó casi 30%. Según Cuadros, las empresas recortaron costos sustituyendo a empleados de mayor remuneración (hombres, mayores de 30, estables o sindicalizados) por grupos con menores salarios (mujeres, jóvenes y temporales).

“El Bono Beta ya no existe en términos de poder adquisitivo. Ya fue licuado”, explica. El ingreso promedio actual es de S/1.300. Para llegar a S/1.600–S/1.700, los trabajadores deben laborar 12 horas diarias, lo cual es ilegal porque la hora extra debe ser eventual.

Para Francke, si los salarios reales cayeron tanto como para absorber totalmente el bono, no corresponde devolución alguna, menos aún “cuando el sector registra utilidades históricas”. Mendoza agregó que el CAPA haría que el Bono Beta “en la práctica les salga gratis”.

Gremios como Comex sostienen que el régimen agrario es uno de los más caros del país por el aumento de la RMV y que el CAPA equilibraría sobrecostos, impulsaría inversión y aumentaría la formalidad.

La génesis de esta idea la habría fecundado el exministro de Desarrollo Agrario y Riego Ángel Manero, defendiendo la “devolución del bono beta” presionado por gremios empresariales. "El bono BETA es anticompetitivo no lo tiene otro sector de la economía y ningún país de los que competimos por dominar el comercio mundial de productos del agro", afirmó hace unos días.