
El presidente José Jerí volvió a pronunciarse en contra de una eventual ampliación del Reinfo hasta fines del 2027. En declaraciones a RPP Noticias, sostuvo que el plazo propuesto por la Comisión de Energía y Minas está descartado y no deberían retornar al proceso de formalización los más de 50.000 mineros que fueron excluidos por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
"El punto principal sobre el que hay un consenso de varios sectores, es que no puede hablarse de ampliar 2 años. Eso, descartado. Sobre los que han sido retirados, que es un avance del gobierno anterior, ya no deberían volver. Y si fuese el caso, debería ser en algunos supuestos muy precisos, muy puntuales, siempre y cuando haya alguna acción de por medio", indicó tras una visita a la sede de la Región Policial Lima Sur en San Vicente de Cañete .
Anteriormente, el mandatario ya se había mostrado a favor de autorizar una prórroga de un año, pero dejando en claro que el planteamiento oficial será comunicado en el marco del debate en el Pleno del Congreso, que está programado para esta semana. En su opinión, el texto planteado por el grupo de trabajo que preside Víctor Cutipa es muy permisivo con la minería ilegal.
Desde el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) alertaron que el dictamen de la Comisión de Energía y Minas quebrantaría el orden constitucional al plantear que quienes incumplan sus obligaciones y no controlan los impactos ambientales de sus actividades no puedan ser sancionados ni retirados del Reinfo.
"En el Reinfo se inscribieron más de 80.000 sujetos al proceso de formalización minera. Sin embargo, menos del 2% ha culminado su registro, lo que significa que más del 98% continúa operando fuera de los estándares ambientales y legales, incluso después de sucesivas y cuestionadas prórrogas. Esto genera graves afectaciones a los ecosistemas, a la calidad del agua y a la salud y seguridad de miles de peruanos", señalaron.
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Para el Observatorio, una nueva prórroga del Reinfo permitiría que miles de operadores sigan operando sin contar con instrumentos de gestión ambiental aprobados, sin la autorización para el uso de agua, sin la certificación de insumos regulados y sin las obligaciones de remediación. Esta situación infringe el principio de prevención, así como el derecho de cada individuo a disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado.
A renglón seguido, destacaron el auto de aclaración del Tribunal Constitucional (TC), entidad que recordó la existencia de un mandato para que el Congreso y otros poderes del Estado establezcan exenciones de responsabilidad penal en el proceso de formalización minera, la prórroga del régimen transitorio y en cualquier política pública que regule dicha actividad de manera permanente.
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"Cualquier norma o dictamen que impida sancionar a quienes generan impactos o incumplen obligaciones contradice este mandato constitucional", enfatizaron.
Finalmente, manifestaron que las constantes ampliaciones del Reinfo han desnaturalizado su objetivo inicial y han facilitado la inscripción de redes ilegales, titulares ficticios, así como operadores en zonas intangibles. Ante esta situación, demandaron al Pleno del Congreso que archive el dictamen y que actúe en defensa de la legalidad y del derecho de las personas a vivir en un ambiente sano.

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