Construcción crece por cuarto mes consecutivo, pero la obra pública perdería ritmo al cierre de 2025

La construcción mantiene su buena racha. Según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el sector creció 3% en agosto y acumuló una expansión de 4,9% en los primeros ocho meses de 2025, impulsado por el mayor consumo de cemento (+4,7%) y el avance de la obra pública (+5,4%). Este desempeño, mejor de lo previsto, llevó al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a revisar al alza su proyección anual de 3,8% a 4,3%, en línea con la estimación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La inversión privada ha experimentado un fuerte dinamismo entre enero y agosto, por lo que la autoridad monetaria ha incrementado de 5,0% a 6,5% su estimado para el crecimiento de este indicador al cierre del presente año. Este mejor resultado se atribuye sobre todo al dinamismo mostrado por el mercado inmobiliario residencial, las asociaciones público privadas (APP), los proyectos de Obras por Impuestos y la inversión en minería.

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Sin embargo, ya se aprecian algunas señales de que estos rubros experimentarán una ralentización de sus tasas de crecimiento en lo que queda del 2025. Para el próximo año, la inversión privada tendrá un resultado positivo, pero no superaría el 4,0%, de acuerdo con el MEF.

Por su parte, la obra pública también crecerá en el presente año 4,5%. Aún siendo un buen resultado, resulta mucho menor que el alcanzado en el 2024 (+14,7%), lo que pondría de manifiesto las limitaciones que presenta el aparato estatal para asegurar una ejecución eficiente y sostenible de los recursos destinados a proyectos y obras.

Para el 2026, el BCRP y el MEF esperan un aumento de apenas 1,0% en la inversión estatal, confirmando la incidencia de factores estructurales en la gestión de infraestructuras pública, desde la contratación de expedientes hasta las acciones de operación y mantenimiento. En reiteradas ocasiones, Capeco ha planteado la necesidad de una reforma profunda e integral de este modelo de gestión.

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Además de estos factores estructurales, también hay condiciones coyunturales que impiden una mejor performance de la construcción y de la inversión.

La incertidumbre política que el país vive desde hace varios años puede exacerbarse ante la inminencia de la próxima campaña electoral presidencial, en particular por la dispersión de candidaturas, la polarización política, la disminución del respaldo al sistema democrático, la infiltración de las economías criminales en las instituciones públicas y la propensión a tomar medidas populistas como la proliferación de nuevas universidades, la “solución” al conflicto generado por las protestas sobre el servicio de transporte a Machu Picchu o el octavo retiro de los fondos de las AFPs.

Hay, sin embargo, algunas iniciativas gubernamentales positivas para la promoción de la inversión y de la actividad constructora que merecen ponerse de relieve.

En primer lugar, el cambio en la visión de la Contraloría General de la República respecto a su función de fiscalizar el uso de fondos y bienes públicos, dejando de lado el énfasis por el “control concurrente” sustituyéndolo por el “control preventivo”, pasando de una acción puramente punitiva a una propositiva, buscando solucionar (o mejor, evitar) problemas en lugar de sólo señalarlos.

En segundo término, cabe mencionar como positiva la reciente aprobación de la nueva Ley de Asociaciones Público – Privadas y de Proyectos en Activos, que busca fortalecer la gestión de Proinversión y promover la inversión privada para reducir más eficientemente las brechas de infraestructura. El paso de José Salardi por Proinversión puso en evidencia la capacidad que tiene esta entidad para impulsar proyectos de APPs y Obras por Impuestos, beneficiando la mejor ejecución y operación de proyectos y reduciendo la presión por utilizar recursos fiscales, hoy más escasos que antes, para financiarla.

En tercer lugar, también se ha demostrado la pertinencia de la ejecución de obras estatales a través de Proyectos Especiales de Inversión Pública, como es el caso del programa de Escuelas Bicentenario que vamos a conocer en esta sesión del IEC CAPECO.

Por último, también es relevante que el Ministerio de Economía haya retomado su iniciativa para llevar adelante un “shock desregulatorio”, que buscaba eliminar trabas burocráticas irracionales o ilegales que retrasan las inversiones, tanto públicas como privadas. El titular del MEF ha anunciado que más de la mitad de las medidas ya fueron culminadas y que el resto se encuentran en proceso de implementación.

En conclusión, la construcción y la inversión van a crecer este año y el próximo, pero lo harán a un ritmo insuficiente para reducir los niveles de pobreza, generar empleo formal, mejorar la competitividad del aparato productivo nacional y reducir la desigualdad en los niveles de desarrollo de las diferentes regiones del Perú.

Para alcanzar estos objetivos se necesita un acuerdo nacional de largo plazo para promover la inversión privada, modernizar el aparato estatal, optimizar las políticas públicas de desarrollo social, reducir la incidencia de la actividad criminal y reformar el régimen de descentralización.