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Economía

Congreso insiste en ley que busca igualar el incentivo CAFAE para trabajadores del sector público

Por unanimidad, la Comisión de Presupuesto aprobó este dictamen que pretende beneficiar a los servidores de los gobiernos regionales. El Poder Ejecutivo había advertido que la medida tendría un costo de S/2.621 millones anuales.

Congreso
La Comisión de Presupuesto asegura que no se está vulnerando el principio de equilibrio presupuestario con esta norma. Foto: composición LR/Congreso

Pese a las observaciones que hizo el gobierno de Dina Boluarte, la Comisión de Presupuesto que preside la congresista Lady Camones aprobó por unanimidad el dictamen de insistencia de la autógrafa de ley que establece la homologación del incentivo único CAFAE para los servidores administrativos del régimen laboral del decreto legislativo 276.

Durante su alocución, la parlamentaria de Alianza Para el Progreso (APP) precisó que la propuesta legislativa no crea una nueva bonificación, sino que regula el monto de un gasto corriente preexistente con el propósito de garantizar una distribución equitativa a nivel nacional. Si bien el gobierno advierte implicancias en la sostenibilidad fiscal, Camones aduce que no se estaría vulnerando el principio de equilibrio presupuestario.

"El Congreso ha ejercido su facultad de legislar para corregir una vulneración de derechos constitucionales. La falta de un análisis de costos en la ley no es una omisión, sino el respeto a las competencias técnicas del Ejecutivo, quien ahora, con el mandato de la ley y con la cifra ya cuantificada, tiene la obligación de diseñar una implementación gradual y fiscalmente responsable", se lee en el texto aprobado por la Comisión de Presupuesto.

Como se recuerda, el Poder Ejecutivo había alertado que la implementación de esta iniciativa de ley demandaría recursos adicionales para su financiamiento al tratarse de un gasto de carácter permanente. En esa línea, anotaron que implicaría un costo estimado de S/2.621 millones anuales para los pliegos de los gobiernos regionales.

De igual forma, recalcaron que la aprobación de una nueva escala, generaría un efecto réplica en otras entidades, cuyos servidores podrían solicitar el otorgamiento de una medida similar con impacto presupuestal. En sus argumentos finales, recordaron que el artículo 79 de la Constitución establece que los congresistas no tienen iniciativa de gasto.

No obstante, para el grupo de trabajo que lidera Camones, no se trata de un gasto imprevisto o irresponsable, sino de una "decisión política tomada por el fuero competente". Señalan que los recursos deben ajustarse a garantizar la igualdad de trato de los servidores regionales, los cuales tienen que ser incorporados con prioridad en la planificación presupuestaria de los años subsiguientes.

A partir de su reciente validación en la Comisión de Presupuesto, el dictamen quedó listo para ser sometido a debate y votación en el próximo reinicio de la legislatura que está programado para inicios de agosto.

Cuestionan oposición del gobierno a ley que aumenta el CAFAE

La congresista Lady Camones recalcó que el dictamen absuelve las observaciones del Poder Ejecutivo al subrayar que la autógrafa no modifica la naturaleza jurídica del incentivo único CAFAE, sino que aplica el principio constitucional de igualdad a un componente fijo y permanente de la compensación económica total de los servidores, eliminando una discriminación que afecta la dignidad de la función pública en los gobiernos regionales.

Asimismo, explicó que la nueva escala a aplicar tomará en cuenta el monto más alto percibido por un trabajador dentro de un determinado nivel remunerativo en cualquiera de los gobiernos regionales, sus unidades ejecutoras e incluso en lo que corresponda a entidades de gobierno nacional. En síntesis, los servidores con una cantidad menor a otros que tienen el mismo nivel remunerativo, serán beneficiados con los alcances de esta norma.

A su turno, los parlamentarios Álex Paredes del Bloque Magisterial y Cheryl Trigozo de Renovación Popular saludaron la aprobación de esta norma, que lleva muchos años postergada y que obedece a un acto de justicia para más de 120.000 trabajadores del Estado.

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