Dina Boluarte observó ley que buscaba aumentar monto del CAFAE para trabajadores del sector público
Según el Poder Ejecutivo, la norma implicaría recursos adicionales para su financiamiento y podría afectar la sostenibilidad económica de la administración pública.
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Días después de oficializarse el aumento de su sueldo a S/35.568, la presidenta Dina Boluarte observó la norma que plantea homologar el Incentivo Único que se otorga a través del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) para los servidores administrativos del régimen del Decreto Legislativo 276.
La norma había sido aprobada por el Pleno del Congreso el último 10 de junio gracias al respaldo de 101 parlamentarios. No obstante, deberá retornar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República para una nueva revisión o allanamiento, según la decisión que adopten los legisladores de este grupo de trabajo.
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Ejecutivo observa ley que equiparaba monto del CAFAE
A través de un oficio remitido al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, el Poder Ejecutivo envió una serie de observaciones a la norma aprobada por el Pleno del Legislativo que busca beneficiar a los trabajadores de diversas instituciones estatales como los gobiernos regionales, la Municipalidad de Lima y sus unidades ejecutoras.
Como se recuerda, la propuesta legislativa de la congresista Elizabeth Medina apuntaba a uniformizar el monto del incentivo único de los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) que perciben estos servidores. Para este propósito, se establece una escala común, determinada según el monto más alto, identificado para cada nivel remunerativo.
De esta forma, la cantidad que reciben los trabajadores del Decreto Legislativo 276 aumentará, siempre que se detecte que un trabajador similar recibe un monto superior en todas las entidades del Estado. En buen cristiano, los servidores con una cantidad menor a otros que tienen el mismo nivel remunerativo, serán beneficiados con los alcances de esta norma.
Sobre la aprobación de una nueva escala, el Ejecutivo anota que una medida como esta generaría un efecto réplica en otras entidades, cuyos servidores podrían solicitar el otorgamiento de una medida similar con impacto presupuestal. Además, refieren la propuesta de homologación de este beneficio económico provocaría que sea considerado como parte de la remuneración principal, lo cual contravendría su naturaleza y las disposiciones vigentes.
"Desde el enfoque estrictamente presupuestario, debe señalarse que la implementación de esta medida demandaría recursos adicionales para su financiamiento, al tratarse de un gasto de carácter permanente. No obstante, la propuesta no contempla criterios de disponibilidad presupuestaria, mecanismos de aplicación progresiva ni evaluación de sostenibilidad fiscal que aseguren su viabilidad en el presente ejercicio ni en los años subsiguientes", se lee en el documento del gobierno.
De igual forma, advierten que la autógrafa contraviene las reglas para la estabilidad presupuestaria reguladas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. Recuerdan que el artículo 79 de la Constitución Política del Perú establecen que los congresistas no tienen ni iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos.
A contraparte, legisladores como Lady Camones y Cheryl Trigozo sostienen que esta norma responde a una demanda histórica y representa un acto de justicia para los trabajadores del sector público. Con ello, más de 120.000 de ellos se verían beneficiados, haciéndole frente a la discriminación estructural en el Estado.
