
Esta acción legal, que permite el embargo de remuneraciones, se implementa en circunstancias determinadas con el fin de garantizar el cumplimiento de compromisos financieros. Su ejecución debe ajustarse estrictamente a los parámetros legales vigentes.
Los trabajadores tienen derechos que deben ser protegidos durante este proceso, y en caso de considerar que se realiza de manera injusta, es posible ejercer acciones legales para defender sus intereses. A continuación, te contamos cuáles son las instituciones que están facultadas a embargar el sueldo a los ciudadanos en Perú.
En Perú, existen 3 entidades que están facultadas a realizar embargo de sueldos:
El embargo de sueldo es una medida legal que permite a los acreedores recuperar deudas a través de la retención de una parte del salario del trabajador. Este procedimiento se inicia con una orden judicial o administrativa, que depende del tipo de deuda, y debe cumplir con los límites establecidos por la legislación peruana. En el Perú, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) sirve como referencia para calcular los montos inembargables. Actualmente, la ley establece que el ingreso equivalente al 30% está protegido de cualquier retención. Solo el excedente puede ser embargado.
El Código Civil peruano establece qué tipo de bienes están protegidos y en medio de las deudas no pueden ser embargados. Entre ellos figuran estos:
El impuesto predial es un tributo fundamental que grava la propiedad de los bienes inmuebles y es vital para el financiamiento de los servicios municipales. En caso de tener una deuda por este concepto, es importante tener en cuenta que la municipalidad no puede despojarte de tu vivienda de manera inmediata.
En primer lugar, se enviarán notificaciones y requerimientos de pago con el fin de informarte sobre la situación y darte la oportunidad de regularizar la deuda. Si no respondes a estas comunicaciones, se iniciará un proceso administrativo que culminará con la emisión de una ordenanza coactiva. Es esencial mantenerse al día con estas obligaciones tributarias y cumplir con los pagos correspondientes para evitar posibles sanciones o medidas legales en el futuro.
Según lo establecido en el Código Civil peruano, una deuda bancaria prescribe después de transcurrir diez años si el acreedor no ha emprendido acciones legales durante ese lapso de tiempo. Una vez cumplido este plazo, el deudor tiene la opción de solicitar que se declare extinguida la obligación. En caso de que la prescripción sea aceptada, el acreedor pierde la facultad de reclamar el pago a través de la vía judicial. No obstante, mientras la prescripción no sea formalmente reconocida, la deuda continúa siendo legalmente exigible.
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