
La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es un beneficio laboral que permite a los trabajadores contar con un respaldo económico al momento de cesar en su empleo. Este depósito es obligatorio para los empleadores y se realiza dos veces al año, en mayo y noviembre, de acuerdo con la normativa vigente en el Perú.
El cálculo y las condiciones de pago de la CTS han sido modificados en el sector público con la Ley N.º 32199, publicada en diciembre de 2024. Estas modificaciones impactan directamente a los servidores estatales sujetos al Decreto Legislativo N.º 276, estableciendo nuevas disposiciones en cuanto al monto y la acumulación del beneficio.
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El cálculo de la CTS se realiza con base en la remuneración mensual del trabajador, a la cual se le suman ciertos beneficios adicionales, como la asignación familiar cuando corresponda. La fórmula general utilizada para determinar el monto a recibir es:
(Sueldo + asignación familiar + 1/6 de la gratificación) / 2
Este resultado equivale a lo que el trabajador recibirá en cada depósito semestral. Sin embargo, el monto total acumulado dependerá del tiempo de servicios y la estabilidad del empleo en la empresa o institución.
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Desde 2025, los servidores públicos regidos por el Decreto Legislativo N.º 276 recibirán un monto equivalente al 100% de su remuneración total por cada año completo de servicio o fracción mayor a seis meses. Esta disposición se aplica desde el inicio de su vínculo laboral hasta el cese definitivo.
Otro aspecto clave es que si un trabajador reingresa al sector público, no podrá sumar su tiempo de servicio previo para el nuevo cálculo de la CTS. Asimismo, solo se considerarán los ingresos permanentes percibidos hasta el mes de cese, excluyendo pagos extraordinarios o bonificaciones esporádicas.
El depósito de la CTS debe realizarse hasta el 15 de mayo y el 15 de noviembre de cada año. El empleador está obligado a transferir el monto correspondiente a la cuenta bancaria designada por el trabajador, garantizando su disponibilidad cuando este finalice su relación laboral.
En el caso del sector público, la normativa establece que los pagos deben realizarse conforme a la disponibilidad presupuestaria de cada entidad. Además, cualquier incumplimiento en la fecha de pago puede generar sanciones para el empleador, de acuerdo con la legislación laboral vigente.
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