La reducción de las brechas de género en el Perú no solo pasa por un tema puramente académico, sino por desagregar todas las desventajas que tanto el mercado como la sociedad misma ciernen sobre las mujeres, en especial en su estadía más sensible, la primera infancia.
La brecha de género en Perú es desfavorable para las mujeres, con un promedio de -12,1% y la mayoría de las regiones (19 de 26) con una brecha mayor al 10%. En cuanto a la posición que ocupa el Perú en comparación con otros países de América Latina, las mujeres se ubican en el último lugar en el índice general y en la dimensión oportunidad, pero el 6.° lugar en las dimensiones de educación y salud.
Precisamente, estos dos últimos aspectos, salud y educación, son dos de los pilares que se ven profundamente deteriorados con la falta de políticas públicas para proteger a las niñas ante una violación sexual, porque, seamos claros, no existe el embarazo infantil, toda niña embarazada ha sido violentada en su intimidad, como explica María Paz de la Cruz, coordinadora de Campañas de Amnistía Internacional Perú.
"En Perú cada año condenamos a miles de niñas y mujeres a vivir una pesadilla y a permanecer en círculos de violencia, negándoles sus derechos sexuales y reproductivos", explica, en el marco del lanzamiento de Otra historia es posible.
Y es que hablamos de una realidad cruel que, si bien no mella sobre las cifras del PBI, lastra el desarrollo y las posibilidades de supervivencia económica de una mujer, además de los daños psicológicos que se le cargarán de por vida. El caso de Camila, que cumple un año en el Perú, es un ejemplo de ello.
En septiembre de 2023, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU condenó al Estado peruano por vulnerar los derechos a la salud y a la vida de Camila, una niña indígena que fue víctima de violación desde los 9 años y a quien se le obligó a continuar con un embarazo.
El comité pidió la despenalización del aborto en todos los supuestos de embarazo infantil y que se garantice el acceso a servicios de aborto seguro para las niñas embarazadas.
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Sin embargo, casi no se han registrado avances en el cumplimiento de este dictamen, y el aborto terapéutico sigue siendo obstaculizado en muchos casos, influenciado por sesgos religiosos y prejuicios morales.
Además, en 2022, con la promulgación de la Ley 31498, se debilitó la educación sexual integral, una herramienta esencial para una educación basada en derechos. En 2023, con la Ley 31935, que reconoce derechos del concebido, se puso en mayor riesgo la aplicación adecuada del aborto terapéutico.
Por tal motivo, Amnistía Internacional ha lanzado en Perú la campaña Otra historia es posible, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la grave situación de las niñas y mujeres víctimas de violación sexual que son forzadas a ser madres.
La campaña también busca demandar la despenalización del aborto en todos los casos de violación sexual. Según cifras oficiales, en 2023, 1.353 niñas de 14 años o menos se convirtieron en madres en Perú, incluyendo cuatro niñas menores de 11 años.
Es menester precisar que, aproximadamente, 21 niñas y adolescentes menores de 17 años acuden a diario a los CEM por violación sexual. A pesar de la cantidad de casos reportados, el año pasado solo se entregaron 2.922 kits de emergencia para casos de violencia sexual, lo cual muestra el estado de desprotección en el que se encuentran niñas y mujeres víctimas de violación sexual en el país.
"No podemos ser indiferentes a esta realidad. Son 21 casos de violación sexual de niñas y adolescentes reportados cada día en los CEM. Esta situación debe cambiar. No se puede normalizar el embarazo infantil y la violación sexual de niñas y mujeres. El Estado peruano debe despenalizar el aborto para todos los casos de violación sexual", enfatiza María Paz de la Cruz.